La Fiscalía Provincia de Sevilla ha pedido penas entre seis y siete años de cárcel a cinco personas acusadas de organizar una trama con el fin de estafar a terceras personas en dificultades económicas a quien se les concedían hipotecas a sus viviendas bajo la premisa de subsanar sus deudas con el "único fin" de quedarse con esos inmuebles.
Según han informado fuentes próximas al caso a Europa Press, los acusados han sido juzgado esta semana por la Audiencia Provincial de Sevilla y en la exposición de las conclusiones finales, el Ministerio Fiscal ha elevado su escrito de calificación previa a definitiva.
De esta manera, el Ministerio Público solicita para el presunto cabecilla de la trama una pena de siete años de prisión por un delito continuado de estafa y para el resto de acusados un pena de seis años de cárcel por un delito de estafa.
En la exposición de los hechos de su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía considera que los acusados "puestos de común acuerdo" entre 2004 y 2005 realizaron cuatro hechos "que someramente suponía el engaño" de "una simulación de una venta para el pago de unas deudas que tenían los solicitantes" o "la constitución de una hipoteca a más largo plazo que con el precio obtenido pagaban supuestamente las deudas y los gastos de tramitación".
Así, los acusados se comprometían a buscar financiación, "cosa que nunca hacían", y con este engaño buscaban "quedarse con las viviendas de los solicitantes que pasaban por una situación económica delicada por sus deudas".
En concreto, realizaron un préstamo hipotecario de unos 100.000 euros para pagar deudas y dar un remanente a la víctima si bien "no se abonó" la totalidad de las deudas "ni tampoco se entregó" el remanente de la cantidad pactada. Operaciones similares se repitieron hasta en otras tres ocasiones cuando otros afectados suscribieron hipotecas de 123.000 euros --de los que 50.000 euros se los quedaron supuestamente para su peculio particular los acusados--, de 113.000 euros --de los que los acusados se quedarían unos 84.000 euros--, o un acuerdo de venta de una vivienda a un precio inferior al del mercado para lograr una nueva financiación "que finalmente no buscó" uno de los encausados.
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