El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado destinar 1,6 millones de euros a rebajar su deuda, cumpliendo con la normativa, así como diferentes asuntos relativos al urbanismo, como la inclusión de 33 nuevos edificios regionalistas en el Catálogo Periférico del Plan General de Ordenación Urbanística o la modificación del plan especial del área de reforma interior (ARI) DSP-03 de Cruz del Campo, que supone una cesión de suelos que permitirá cumplir la última condición resolutoria relativa a la titularidad municipal de la antigua comisaría de la Gavidia, permitiendo su licitación.
La sesión plenaria ha arrancado con declaraciones institucionales de apoyo a la candidatura del Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce (Sevilla), para su inclusión en la lista de patrimonio mundial y para que Sevilla presente una candidatura a albergar la próxima reunión de la Red de Ciudades Cervantinas.
En este marco, se ha acordado también por unanimidad los honores y distinciones de la Policía Local de Sevilla, que recoge 35 cruces al mérito de la Policía con distintivo blanco; menciones honoríficas colectivas al Zoosanitario y a la Coral Polifónica Santísimo Corpus Christi y a 50 policías en activo y a otros 75 jubilados. También se conceden 18 medallas de oro a la constancia por 30 años de servicio continuado y otras 59 de plata por 20 años en activo.
En materia de urbanismo, se ha aprobado definitivamente la modificación relativa a Cruz del Campo, con el apoyo de todos los grupos, salvo por la abstención de VOX, con lo que se impulsa el desarrollo urbanístico de esa zona de San Pablo, donde se prevén 1.900 viviendas, de las que 890 son VPO, y se adscribe al Ayuntamiento 68.018 metros cuadrados para espacios libres, zonas verdes y viarios y 2.379 metros cuadrados para equipamientos, además de una reserva de 2.000 metros cuadrados en la zona norte de esos terrenos, en la confluencia de las calles Tarso y Ada, para dependencias judiciales.
En este sentido, esta aprobación ha sido promovida para entregar al Ministerio de Interior una parcela de dichos suelos en las que se prevé realizar una comisaría de Policía Nacional. A ello se suma, según ha dicho el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, que ya "no existe obstáculo alguno" para licitar el uso del edificio de la Gavidia, con posibilidad de establecer en él oficinas, equipamientos, pequeños y medianos comercios, hotel, usos recreativos y espectáculos públicos.
ANÁLISIS CON ENTIDADES Y UNIVERSIDAD DE EDIFICIOS PARA PROTEGER
Asimismo, se ha aprobado inicialmente, con el apoyo de PSOE, Cs y Vox y la abstención de PP y Adelante, la inclusión de 33 nuevos edificios regionalistas en el Catálogo Periférico del Plan General de Ordenación Urbanística, con lo que se alcanzan un total de 60 de este estilo.
Al respecto, Muñoz se ha comprometido a que en el periodo de información pública del expediente se aborde con un grupo de trabajo con entidades, universidades y partidos políticos, entre otros, la posibilidad de "enriquecer" ese listado de edificios ya protegidos. "No será un catálogo cerrado, sino que se podrán seguir incorporando nuevos inmuebles", aclara.
Estos nuevos edificios incluidos son obras arquitectónicas del primer tercio del siglo XX y vinculados mayoritariamente a la Exposición Iberoamericana de 1929, de arquitectos como Aníbal González, Juan Talavera, José Espiau, entre otros. Se encuentran once en Nervión, nueve en Bellavista- La Palmera, siete en Triana, tres en San Pablo, dos en Macarena y uno en el Distrito Sur.
Entre ellos, destacan la antigua fábrica de sombreros (1932), las viviendas 165 y 163 de la calle Castilla, el edificio del antiguo garaje del hotel de Espiau en la Plaza del Sacrificio (1929), la Cínica Santa Isabel, el Colegio Salesianos de San Pedro de Triana, el acuartelamiento 'Pineda' o el Colegio Protectorado de la Infancia de San Jacinto. Relativos a la exposición del 29, están los Pabellones de la Marina, de la Compañía Arrendataria de Tabacos, de la Cruz Roja, de Carabineros, la casa homenaje a Aníbal González, el Pabellón Vasco, la torre del Pabellón de Córdoba o el viaducto de Bermejales.
También, se han aprobado provisionalmente las modificaciones del PGOU relativa al número 11 de la calle Genaro Parladé, con el apoyo de PP y PSOE y la abstención del resto, y para la barriada Juan XXIII, reordenando la trama de 1.500 viviendas y teniendo en cuenta que se habían producido ocupaciones de espacios públicos.
DEUDA MUNICIPAL, SANTA CLARA Y DEPURADORA DE SAN JERÓNIMO
Por otra parte, se ha aprobado, con el sí de PSOE y la abstención del resto, la modificación presupuestaria que permite destinar a abonar deuda por valor de 1,6 millones de euros proveniente del superávit de 2018 con Bankia, quedando pendientes de abordar otros 12,2 millones de superávit que se dirigirán igualmente a amortizar deuda conforme se vaya obteniendo también el visto bueno de los consejos de administración de las respectivas empresas municipales.
Esta iniciativa ha contado con las críticas de los concejales Rafael Belmonte (PP), Álvaro Pimentel (PP) y Daniel González Rojas (Adelante), que piden cumplir los requisitos para destinar ese montante a inversiones y reclaman, como ha sido el caso de Rojas, la modificación de la normativa estatal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y mantenida por Pedro Sánchez. "Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de derogar esa ley para destinar el superávit a lo que se necesita, a mejorar la vida de los ciudadanos", ha dicho la delegada de Hacienda, Sonia Gaya.
Asimismo, se ha aprobado el abono a la Archidiócesis de Sevilla de 782.000 euros, anualidad correspondiente a 2019 de acuerdo a convenio firmado respecto al antiguo convento de Santa Clara, después de que ya se le hayan abonado otros 200.000 euros. Este pago se enmarca en la modificación del convenio de 2001, firmada en diciembre de 2018.
Por otra parte, se ha acordado una transferencia a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla SA (Emasesa) para abordar un proyecto de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado (Edusi) relativo al tratamiento de residuos, ampliando la partida en 480.000 euros, al ser insuficientes los 215.000 euros planteados en un inicio, como explica Gaya.
Al respecto, Rojas ha recordado que la situación de la depuradora de San Jerónimo tenía que haber estado resuelta en el primer trimestre de 2018, "de acuerdo a los compromisos" realizados por el alcalde, Juan Espadas y advierte de que "no se cumple los plazos" de Edusi, a la par que Belmonte asegura que se pone de manifiesto la "ineficacia" del gobierno local.
Ante ello, Espadas afirma que por parte de la oposición hay "falta de conocimiento o desinterés" respecto a las gestiones realizadas y Gaya insiste en que se cumplen los plazos, con límite en 2022.
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