El estudio de movilidad realizado por la Junta de Andalucía para el proyecto de Ciudad de la Justicia en Palmas Altas revela que más de un tercio de los usuarios de las actuales sedes judiciales existentes en el Prado de San Sebastián y Nervión no se desplazan a las mismas en transporte público, a pesar de que tienen a su disposición Metro, tranvía, autobuses y/o el Cercanías. Similar proporción de usuarios y de trabajadores judiciales prefieren también el vehículo privado como medio para desplazarse a la futurible sede de Palmas Altas. Estos datos son la demostración de la cultura motorizada imperante, ya que no puede argüirse que quienes usan el coche para acudir a las sedes judiciales actuales carecen de alternativa de transporte público.
Nos preocupa que la reacción de la Junta a esta mentalidad y anhelos sea pensar incluso en construir un edificio con todas las plantas dedicadas al aparcamiento de automóviles, ya que ello perpetuaría las modos de movilidad existentes, con un efecto llamada que agravaría el del colindante centro comercial Lagoh. La Ciudad de la Justicia debe ser entendida también como una oportunidad de restar coches al tráfico y de potenciar el transporte público mediante la extensión del Cercanías, la línea 35 de Tussam ampliada y con mayor frecuencia de paso y, sobre todo, iniciando allí y no por Pino Montano la línea 3 del Metro más pronto que tarde.
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