La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este jueves que ascienden ya a más de 21.000 las solicitudes de dependencia que se encontraban en las delegaciones territoriales pendientes de grabación y que no aparecían registradas en el sistema.
En una comparecencia en el Parlamento andaluz, Ruiz ha dicho que “9.341 son solicitudes de iniciación del procedimiento de Dependencia y 11.672 son de revisiones de grado", y ha destacado que tras el plan de choque puesto en marcha se han incorporado al sistema más de 15.800 personas y más de 25.500 prestaciones.
"Estas más de 21.000 solicitudes no estaban contabilizadas en ninguna lista de espera, como sí lo estarán a partir de ahora, ya que estamos procediendo a grabarlas para que estas personas cuenten en el sistema y puedan acceder a las prestaciones y servicios a los que tienen derecho”, ha explicado Ruiz.
Además, ha resaltado que a fecha de 31 de agosto de este 2019, en Andalucía se atiende a 215.598 personas en situación de dependencia (3.355 personas más que al cierre de diciembre) que cuentan con 285.903 prestaciones (6.629 más que en diciembre 2018).
En este sentido, ha resaltado que “desde la puesta en marcha del plan de choque en materia de Dependencia, en abril de 2019 (abril-agosto 2019), se ha incorporado a 15.861 nuevas personas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y 25.569 prestaciones, frente a las 19.140 registradas entre abril y agosto de 2018”.
“Por tanto, si crecen las listas de espera es simplemente porque no ocultamos a nadie. Aparecen las personas que esperan su valoración, su Programa Individual de Atención, y todas las solicitudes que el Gobierno socialista dejó en el limbo y ahora están aflorando gracias a las medidas de agilización y digitalización que hemos adoptado”, ha subrayado Ruiz.
El plan de choque que se está desarrollando en materia de dependencia cuenta con una inversión de 77 millones de euros y tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios, según la consejera.
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