Este miércoles 2 de octubre a las 13:30 recoge Manuel Martos (letrado especialista en función pública y derecho laboral, Presidente de AniL y Secretario Genetal de Sintef), en el Congreso de los Diputados, los pliegos de firmas (500.000) para la Iniciativa Legislativa Popular que ha presentado en el Congreso y se ha admitido, por la cual se solucionará el problema del fraude en la contratación existente en la función pública y así dotar de estabilidad a 700.000 trabajadores en fraude que cuenta la administración entre sanidad, educación, justicia y servicios generales.
Como promotor de dicha ley, Manuel Martos, ya está organizado por provincias para recabar dichas firmas. Recordemos que es la segunda que presenta, siendo esta de vital importancia ya que de no aprobarse los afectados, más de 700.000 pueden verse sin empleo después de décadas, por culpa de los acuerdos firmados con el Gobierno por los sindicatos que representan los intereses de los trabajadores en la administración CCOO, UGT y CSIF. Esta traición está demandada en la Audiencia Nacional y próximamente tendrá juicio (noviembre).
Esta ley es de tacto la transposición de la Directiva 1.999/70 que el Gobierno de España no ha efectuado nunca desde 1.999 incumpliendo por ello sus obligaciones (el plazo de transposición cumplió en 2.003). Esta iniciativa dará cobertura y tranquilidad a todo este personal que está viendo cómo son cesados sin respetárseles los derechos más básicos y reconocidos en dicha norma de obligado cumplimiento por los paises miembros. El TJUE, en breve, resolverá las dudas planteadas por las juezas españolas (madrileñas) en atención a la aplicación de la Directiva en España ya que se están creando dudas acerca de qué se entiende por estabilidad. Esta ley dará cobertura legal al vacío normativo existente y sancionaría el abuso que, hasta ahora, está quedando indemne aún tenido infracciones y sanciones de la Comisión Europea así como sentencias del TJUE que reconocen que España, de forma sistemática, incumple. Recordemos la sanción que tiene el estado por incumplir, aplazada por acuerdo con los sindicatos que se encuentra impugnado en la Audiencia Nacional.
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