La propuesta desvelada ayer miércoles por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en la que la Junta ofrece a Adif la cesión del tramo ferroviario entre Osuna y Pedrera a cambio de que la Administradora de infraestructuras ferroviarias ejecute la conexión por tren entre la estación de Santa Justa y San Pablo, ha obtenido una contundente respuesta por parte del Ministerio de Fomento, y su réplica inmediata por parte del Gobierno andaluz. El nuevo rifirrafe entre las dos administraciones (después del de la reclamación de 1.300 millones de euros de las entregas a cuenta) se amplifica, además, al estar de nuevo el país en otra campaña electoral.
Fuentes del departamento de José Luis Ábalos han asegurado que no hay ninguna propuesta en firme y han exigido, a continuación, al Gobierno andaluz que "deje de chantajear a los sevillanos y realice, sin más demora, la transmisión de titularidad del tramo para que los trenes puedan circular por la línea convencional entre Osuna y Pedrera".
Fomento recuerda que, desde enero y con el cambio en el Gobierno en San Telmo, "el ministerio ha estado manteniendo reuniones con la Junta para trabajar en una variación de titularidad de la plataforma entre ambas administraciones que permita desbloquear la situación". Pero estas reuniones, según el Gobierno, no se han concretado en nada aún. Es más, y según añaden: "La Junta no está actuando con toda la diligencia ya que, desde abril, ADIF tiene listas las vías para la reapertura del tráfico ferroviario y la Junta, en vez de trabajar para solucionar la situación, se dedica a chantajear al Ministerio usando a los usuarios de Osuna, Marchena, Pedrera y Arahal".
La Junta no ha tardado en dar su versión, recordando, en primer lugar, que el 16 de enero de este año había sobre la mesa una propuesta para ceder el tramo ferroviario por un plazo de cuatro años con posibilidad de otros cuatro más. La Junta, aseguran las fuentes consultadas, "estaba dispuesta a que pusieran ya los trenes en marcha, pero el Estado cambió de posición". La propuesta de Adif entonces viró para exigir las siguientes condiciones: tramo libre de cargas y gravámenes, pasando al dominio público de ADIF y a coste cero.
La Consejería de Fomento, según siempre las fuentes consultadas, aceptó ceder la titularidad "totalmente gratis" (el eje transversal completo costó a las arcas públicas 288 millones de euros), pero pidió el "compromiso" al Gobierno de hacer el cercanías al aeropuerto.
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