El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, con el fin de resolver una situación que en Andalucía afecta a más de 300.000 familias.
Lo ha anunciado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que ha resaltado la protección ambiental y la simplificación de trámites administrativas para “mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de viviendas”, principalmente en provincias costeras. Este decreto ley está basado en tres pilares fundamentales: la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO), la agilización de procesos y el reconocimiento en los planes generales (PGOU).
De ahí que los ayuntamientos andaluces tendrán una mayor importancia, ya que los problemas urbanísticos tendrán que resolverlos en un plazo estimado de entre 12 y 18 meses. Es más, los consistorios deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretender incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
En Andalucía existe un problema generado por las edificaciones construídas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística.
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