El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, que contempla la creación de una oficina adscrita al Parlamento cuyo director será elegido por la Cámara.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha explicado en rueda de prensa que el anteproyecto ha sido impulsado por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige Juan Marín y que "no se trata de un anuncio, sino de una puesta en marcha real".
"Lo que pretende el Gobierno es que lo que ha pasado en Andalucía en los últimos años, que hemos sido la vergüenza nacional por casos de corrupción, no vuelva a suceder más", ha enfatizado el portavoz de la Junta, que ha calificado la futura norma como "una buena herramienta para que lo que pasó no vuelva a pasar".
Con la aprobación de esta iniciativa, contemplada en el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, Bendodo ha asegurado que se cumple además un compromiso de este Ejecutivo que "pretende pasar página de esos años en los que Andalucía solo era conocida por los chanchullos del anterior".
La nueva ley establecerá un doble objetivo: la creación de una Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y el establecimiento de un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante la citada Oficina.
La norma será de aplicación para las personas que presten servicios en el sector público andaluz, en las instituciones y órganos previstos en el Título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía (se exceptúa el Parlamento andaluz) y en aquellas otras entidades públicas que tengan la consideración de administración institucional de la Junta de Andalucía.
El ámbito de actuación de la Oficina será la prevención y lucha contra las conductas que pudieran ser constitutivas de fraude, corrupción o conflicto de intereses, según se define en el propio anteproyecto de ley, así como la protección de las personas denunciantes.
De entre sus funciones destacan la tramitación de denuncias formuladas por actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, para lo que se le atribuyen potestades de investigación e inspección.
En el anteproyecto de ley se exceptúa del ámbito de actuación de la Oficina al Parlamento de Andalucía, Universidades públicas andaluzas y entidades integrantes de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dado el régimen de autonomía al que se someten los mismos.
El director de la Oficina será elegido por el Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara "entre personas de reconocida competencia y que estén en posesión de una titulación idónea para las funciones atribuidas" o que "pertenezcan a un cuerpo funcionarial adscrito al subgrupo de titulación A1 y posean, en todo caso, más de diez años de experiencia profesional acreditada relacionada con el ámbito funcional de la Oficina".
La figura estará asimilada a la de alto cargo y deberá tener dedicación exclusiva a esta función durante un mandato de seis años no renovables.
Asimismo, contará con dos subdirecciones: una competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador y otra en materia de medidas de protección de la persona denunciante, propuestas de prevención y recomendaciones de actuación.
El resto de puestos de trabajo de la Oficina serán provistos por personas funcionarias de carrera de las distintas Administraciones Públicas, que se regirán por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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