La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE)asegura que la intervención arqueológica y antropológica en las fosas comunes de la represión franquista en el cementerio de San Fernando “está en peligro”.
Francisco Javier Pérez Guirao, presidente de AMEDE y antropólogo del equipo técnico ha manifestado, junto el día que la Diputación provincial ha asegurado una nueva subvención para los trabajos, que existe un total de 115 cuerpos de represaliados por el franquismo localizados, de los cuales se han exhumado 106, 66 de ellos correspondientes al sector B (la zona noroeste del patio ampliado). Todos ellos custodiados en cajas en una minúscula sala en el interior del cementerio, antigua sala de autopsias, a la espera de tomar las muestras para los pertinentes análisis genéticos.
A ello hay que sumar la cantidad de 122 cuerpos de personas no represaliadas, enterradas en la misma zona del camposanto en distintas fosas comunes, excavados, documentados, exhumados y entregados a los responsables del cementerio para su custodia.
Pero estos datos, actualmente provisionales de una intervención inconclusa, pueden convertirse en definitivos si la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) no recibe los apoyos que desde hace mucho tiempo viene reclamando de las distintas Administraciones Públicas, en especial del Ayuntamiento de la ciudad.
Los responsables de la asociación demandan del Ayuntamiento la ejecución del estudio geotécnico para la estabilización del terreno de las manzanas de nichos colindantes con el sector A, comprometido de nuevo en los acuerdos de investidura para este año 2019, y del que todavía no se tiene ninguna noticia.
Del mismo modo, en estos acuerdos para la formación del gobierno local se acordó la ejecución, a partir de 2020, de la obra de apuntalamiento que resultase del estudio mencionado. Esta obra habría de permitir poder continuar los trabajos de excavación y exhumación en las dos fosas comunes localizadas en esta zona, una de ellas intervenida parcialmente; la otra sin haber podido realizar ninguna exhumación después de constatar la existencia de, al menos, 9 cuerpos de represaliados por el franquismo.
Pero las impetraciones de la asociación al Ayuntamiento, en conocimiento del concejal responsable, Conrado Rodríguez, no han requerido todas de la licitación y ejecución de complicados estudios técnicos o del desembolso de importantes cantidades de dinero de las arcas municipales.
Algunas, como una nueva ubicación para los restos óseos y el estudio de laboratorio del material antropológico tampoco han sido atendidas, así como en su momento la solución técnica de una segunda estructura de cubrición para la protección de la excavación y los restos óseos humanos de las inclemencias meteorológicas. Aspectos estos en los que la asociación se ha visto sola, desatendida, abandonada e ignorada día tras día, semana tras semana, mes tras mes…
Otras instituciones, como la Diputación de Cádiz, ha mantenido su presencia en forma de subvención anual, claramente insuficiente teniendo en cuenta el coste de los trabajos, pero permitiendo una exigua gratificación al trabajo voluntario del equipo técnico responsable de la intervención.
La Junta de Andalucía, después de haber contribuido con la financiación de una mínima parte del sector A, se desentendió del resto de la excavación, y sigue pendiente su mediación para el procesamiento de las muestras de ADN a través del convenio firmado con los laboratorios Genyo de Granada.
Otras, como el Ministerio de Defensa, han pasado de «no tener constancia» a «reconocer» la existencia de una fosa con militares (más de cien), pero sin aportar ayuda económica o material de ningún tipo, lo que en la práctica sigue significando una ausencia total de apoyo.
La asociación memorialista, “que en su corto tiempo de vida ha conseguido objetivos que otras asociaciones han tardado años o ni tan siquiera logrado”, reclama una vez más la presencia e implicación de los herederos democráticos de aquellos que yacen en las fosas comunes.
Dieciséis miembros de la corporación municipal electos en la primera experiencia democrática del siglo XX, la malograda II República, se encuentran arrojados en algunas de estas fosas comunes (no todos en San Fernando) junto a militares, sindicalistas, maestros, masones y otras personas afines a las ideas izquierdistas.
“Quizás sus cuerpos han visto ya la luz; quizás siguen todavía mal enterrados bajo el grueso hormigón del patio ampliado; quizás, si no se da el necesario respaldo que la sociedad civil reclama a los poderes públicos, nunca abandonen su destierro y, en consecuencia, su legado y su memoria permanezcan ocultos como lo están sus cuerpos, sin sus ritos, sin su reconocimiento, sin su homenaje, sin su merecido descanso… Y nuestra sociedad y nuestra democracia, deudora de su lucha, sin la madurez necesaria”, dice Francisco Javier Pérez Guirao, presidente de AMEDE y antropólogo del equipo técnico.
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