En el escrito de la Fiscalía, dado ayer a conocer por el PP, que denunció los hechos, se refleja que en el sector SR-21 de las Normas Subsidiarias de Atarfe, en la Manzana 14, se produce "una operación fraudulenta con la manifiesta finalidad de alterar los parámetros urbanísticos vinculantes y alcanzar así un sustancioso aumento del lucro de los promotores".
Según el PP, el primer convenio, aprobado en abril de 2004, establecía como características urbanísticas una parcela mínima de 400 metros cuadrados con una densidad edificable de 18 viviendas unifamiliares por hectárea.
Este convenio fue "modificado" el 7 de marzo para cambiar su tipología de viviendas unifamiliares a viviendas plurifamiliares, por lo que estipulaba la construcción de 430 viviendas por hectárea, pese a que la Ley Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) establece un máximo de 75.
La Fiscalía, que apoya sus argumentos en distintos informes, entre ellos uno elaborado por el Seprona de la Guardia Civil, entiende que existe un "uso interesado de un simple estudio de detalle para lograr un lucrativo aumento de la edificabilidad y densidad por encima de los límites fijados en el verdadero plan".
El efecto final, prosigue la denuncia, es "una radical modificación de la ordenación urbanística en tres escalones", con los que se produce una "alteración de parámetros esenciales" así como la "consiguiente superación de los límites estructurales de edificabilidad y densidad máximas de viviendas" y la "superación final de los estándares legales fijados en la propia LOUA".
Por último, la fiscalía ha acusado al regidor municipal de un "atentado material a la calidad de vida de los ciudadanos por infracción de los estándares urbanísticos", ya que se produce un "déficit equipamental" en la manzana catorce de 901 metros cuadrados que correspondían al consistorio.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Atarfe, José Manuel Aranda, afirmó que las obras "faraónicas" desarrolladas en los últimos años por el gobierno local del municipio metropolitano pretendían "engordar el ego del alcalde e intentar construcciones de las que la ciudadanía no era consciente".
Además, tras esta denuncia de la Fiscalía, Aranda ha advertido de que las normas subsidiarias del municipio "son nulas puesto que no se publicaron", por lo que considera que si alguien impugnase todos los planes parciales desde 1994 las consecuencias serían "trascendentales".
Por su parte, la secretaria general del PP, Luisa García Chamorro, solicitó al PSOE provincial que intervenga contra su alcalde en Atarfe, del que también dijo que no puede seguir en el cargo "ni un minuto más" y que debería dimitir "por vergüenza" por gobernar un municipio que "ya es conocido como la Marbella granadina".
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