Andalucía recibirá el próximo año 4.180 millones de euros en inversiones según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, unas cuentas que la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, defendió como “leales” con la región al cumplir con el Estatuto, frente a las críticas de la oposición que los calificó de traidores y de incumplidores tanto en el apartado de las inversiones estatales como en el de la deuda histórica al recoger la posibilidad de pago en especie (que se traduce en solares).
Martínez Aguayo, a pesar de reiterar que las cuentas son “plenamente satisfactorias” para la Junta, sí reconoció que la partida procedente del Fondo de Suficiencia (8.248 millones) se reducirá en un 7,7% (menos que la media global, que es del 8,1%) y que el Fondo de Compensación Territorial descenderá hasta los 436,9 millones (un 8,62%, frente al descenso global del 9,46%), por lo que apostó por reformar este fondo con principios de solidaridad y cohesión territorial.
En cuanto a las inversiones, que alcanzarán los 4.180 millones, la consejera reconoció que los PGE recogen que alcanzarán el 17,7% del total regionalizado, cuando el peso poblacional andaluz representa el 17,8%, porcentaje establecido en el Estatuto para fijar anualmente las inversiones. Este “desfase”, como lo denominó Martínez Aguayo, se intentará resolver en la comisión mixta Estado-Junta, aunque los socialistas se apresuraron a incluir en una de las propuestas de resolución pedir al Gobierno que los PGE respeten ese precepto estatutario.
La deuda histórica
El debate también prosiguió con el Estatuto en la mano a cuenta de la deuda histórica. La consejera volvió a insistir en que se saldrá antes del 20 de marzo y defendió la disposición incluida en los PGE a petición de la Junta que habilita al Estado a pagar, al menos una parte, “mediante la transmisión a Andalucía de la propiedad de los bienes y derechos de titularidad estatal”.
Se cobrará “como más interese a los andaluces”, reiteraba Aguayo para defender la negociación que tiene aún pendiente con el Gobierno estatal, aunque ante las críticas de la oposición el PSOE presentaba una resolución que, sin entrar en la forma de pago, sí que pedía la liquidación total de los 748 millones pendientes antes del 20 de marzo de 2010 y adecuándose “a la finalidad fijada en el Estatuto”, es decir, a educación, sanidad y vivienda, descartando así cualquier posibilidad de trueque entre deudas.
La oposición, sin embargo, vio rechazadas todas sus propuestas en este sentido: PP e IU pedían que se incluyesen en los PGE saldar esa deuda en metálico, la retirada de la posibilidad del pago en especie y el abono de forma inmediata de los 300 millones de anticipo no cobrados.
Sobre los PGE, la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, los consideró “muy malos” para Andalucía y puso como ejemplo de la “discriminación” del Gobierno central hacia Andalucía la deuda histórica, puesto que a “Zapatero nunca se hubiera atrevido” a pagarle en especie a Cataluña.
Por su parte, el portavoz económico de IU, Pedro Vaquero, cuestionó las previsiones de ingresos de los PGE, a los que llamó erróneos”, y consideró que el “robo” de incluir el pago en especies supone “canjear la dignidad” de Andalucía y una pérdida de autogobierno.
El modelo económico de Arenas
Previo al debate sobre los presupuestos, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, había interpelado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre las medidas que iba a poner en marcha ante la crisis económica, le instaba de nuevo a realizar reformas profundas y le invitaba a que “deje de hibernar y gobierne” ante la pésima gestión que estaba llevando a cabo.
Arenas, que se defendía de las acusaciones de “señor No” que le lanzaba Griñán afirmando que él es el que nunca acepta propuestas de la oposición, le echaba en cara sus contradicciones con el símil de su próxima foto con Pedro Solbes en un foro: “él sale corriendo y usted se queda para apoyar los presupuestos” estatales.
Griñán, que había echado mano en principio de los números para desmontar la teoría popular de que la Junta no invierte ante la crisis, cogía el guante de la crítica y se lo tiraba en la cara a Arenas por decir que quería importar a Andalucía el modelo de Francisco Camps, presidente valenciano.
Sin querer entrar aunque fue inevitable en el caso Gürtel, Griñán le recordaba que los andaluces deben cuatro veces menos que los valencianos y le invitaba a decir “cuál es su modelo” económico como han hecho los conservadores británicos: menos gasto público, menos gastos social y más impuestos. “La verdad no es una estrategia peligrosa, dígale a la gente la verdad”, concluía.
La posición ante el conflicto del Sáhara
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aseguró ayer que su posición ante el contencioso del Sáhara Occidental coincide con la expresada por la ONU y el Gobierno y apostó por una solución "negociada, justa y duradera, que permita la libre autodeterminación del pueblo saharaui".
Griñán contestaba así a una pregunta del líder andaluz de IU, Diego Valderas, quien le recriminó con dureza el apoyo mostrado -según él- al plan de Autonomía presentado por Marruecos para el Sáhara Occidental al calificarlo de "interesante" en su reciente visita al país vecino.
El presidente andaluz aseguró que sus palabras recogieron de forma "literal" la posición que mantienen las ONU y el Ejecutivo español en este asunto, aunque indicó que, "según se difundan" sus palabras, éstas pueden producir "mayor o menor polémica".
Además, acusó a IU de mantener un discurso en este asunto "alejado de la realidad" e "intransigente" y recriminó a Valderas que esté utilizando al pueblo saharaui, con quien mostró su solidaridad, para buscar un rédito electoral, algo que él no hace, dijo.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA calificó de "innecesarias" e "inoportunas" las declaraciones del presidente y le instó a "rectificar" porque "rectificar es de sabios".
"Aclare si su posición de considerar interesante el plan de Marruecos fue un lapsus o fruto de su ignorancia del conflicto", le recriminó Valderas, quien aseguró que Griñán, con sus declaraciones, ha hecho un "daño irreparable" a las aspiraciones del pueblo saharaui.
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