El Ayuntamiento de Jaén ha empezado a poner los cimientos de la era post Castillo, la empresa que gestiona con más sombras que luces la concesión de los autobuses urbanos desde el año 1961. El gobierno municipal confirmó ayer al resto de grupos políticos su intención de llevar al Pleno de final de mes la revisión de oficio para declarar la nulidad del decreto del 25 de julio de 2005 donde se ampliaba la concesión del servicio de transportes urbanos a Castillo por otros 25 años. A partir de ahí empezará un camino que en buena lógica desembocará en una nueva licitación del servicio de autobús urbano garantizando el principio de concurrencia a todas las empresas interesadas, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Un proceso, en todo caso, que aún será largo y que, más allá de la oposición que planteará Castillo, debe aguardar también el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, que es preceptivo y vinculante. La primera teniente de alcalde y portavoz del PSOE, África Colomo, recordó ayer en una comparecencia informativa que el contrato, pese haber pasado por cuatro normas diferentes relativas a la contratación pública, “nunca ha sido licitado”. De este modo, según Colomo, “no se ha dado la oportunidad a otras empresas interesadas en prestar este servicio para concurrir a una licitación pública con todas las garantías legales”. Y precisó la concejala que ya por la década de los 60 existían informes municipales que decían que el servicio no se ajustaba al sistema de concierto previsto en la legislación vigente.
Tal y como avanzó ayer VIVA JAÉN, el informe elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento determina hasta tres causas que hacen que el contrato actual de Castillo pueda estar “viciado de nulidad absoluta”. La primera de ellas es que la última prórroga, realizada en 2005,se efectúa por decreto de Alcaldía cuando la competencia para la contratación o mantenimiento de los contratos corresponde al Pleno del Ayuntamiento. En segundo lugar, se prescindió de una licitación y se recurrió a la “vía fácil de dictar un decreto que ampliaba de manera unilateral, y hasta 72 años desde la fecha de formalización, ese plazo de prestación de servicios por parte de la empresa”. Así, “se hurtó claramente la posibilidad de libre concurrencia de otras empresas interesadas en optar al contrato”, según se expone en el informe al que aludió la concejala. “Se ha prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido y no consta un informe que justificase las razones de interés público para ese cambio”, añadió Colomo. Tan sólo hay constancia de un documento de la empresa para la implantación del sistema SAE de ayuda a la explotación (equipamiento hardware y software), pero, según la portavoz socialista, “no hay ningún informe técnico sobre la idoneidad y, lo más importante, la necesidad urgente e imperiosa de introducir esa tecnología ni un informe de amortización de los servicios económicos municipales sobre los costes realizados por el concesionario. Por este motivo, África Colomo defendió el inicio del expediente de revisión de oficio en el que, como es preceptivo, se tiene que dar trámite de audiencia a la empresa concesionaria del servicio para que realice las alegaciones oportunas y se tiene que elevar consulta al Consejo Consultivo, que además es vinculante. En este sentido, Colomo subrayó que el equipo de gobierno “cumple con su responsabilidad ante la más que dudosa legalidad del contrato y la prórroga que sustenta la prestación del servicio”, para que si finalmente se constata la existencia de esa nulidad se pueda licitar el servicio permitiendo la libre concurrencia de otras empresas que permitirá más transparencia en el servicio público.
Eso sí, la portavoz del gobierno municipal mandó un mensaje de tranquilidad a los usuarios del transporte público al asegurar que la nulidad del contrato con Castillo, que podría aprobar el Pleno, no conlleva en modo alguno la paralización del servicio de autobús urbano, que debe seguir funcionando con normalidad. África Colomo también lanzó un mensaje a la empresa Castillo para que “no utilice a la plantilla de trabajadores para presionar al Ayuntamiento”, en alusión al impago de la nómina de agosto, que los empleados cobraron con medio mes de retraso. Según la portavoz socialista, la concesionaria no puede escudarse en falta de financiación municipal para dejar de pagar las nóminas, y recordó que en el último Pleno se aprobó destinar a Castillo, dentro del fondo de ordenación del Estado, 750.000 euros. Por cierto que los trabajadores de Castillo tenían previsto anoche realizar una asamblea donde estudiar la posibilidad de acudir a la huelga en protesta por los retrasos en el abono de las nóminas por parte de la empresa.
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