El Ayuntamiento de Jerez deberá devolver casi cuatro millones de euros de dos proyectos del Plan E que se encuentran ejecutados, después de que, en sentencia judicial, haya prevalecido el criterio de la Intervención de la Junta de Andalucía, que entendía como un único proyecto todas las propuestas acogidas al famoso plan Zapatero, entre las que se encontraba el fallido Museo de Lola Flores en el Palacio Villapanés, y en cuyo incumplimiento se basa la decisión judicial para exigir el reintegro de las cantidades correspondientes a los demás proyectos, en concreto los de la construcción de la nueva Escuela de Idiomas y el Centro Polifuncional Blas Infante.
En este sentido, el Ayuntamiento deberá abonar 877.776 euros correspondientes a la subvención concedida para el proyecto del museo, que nunca se llegó a ejecutar, así como los dos millones del proyecto de la Escuela de Idiomas y 1,8 del Centro Blas Infante, que llevan más de un lustro en funcionamiento; en total, 4.778.885 euros.
La delegada de Economía, Laura Álvarez, confirma que las sentencias al respecto son firmes y que no queda más salida que la de pagar. “Puesto que no se ejecutó el proyecto del Museo de Lola Flores, solicitan el reintegro de todos los proyectos que recibieron subvención del plan E, aunque estén ejecutados, ya que la Intervención de la Junta los interpreta todos como uno solo”.
Es más, las cantidades citadas podrían verse incrementadas, a la espera de la resolución judicial concerniente a otro proyecto incluido en el Plan E, el de la construcción de la Jefatura de Policía local, cuyas obras llevan más de cuatro años paralizadas después de que hasta dos empresas las abandonaran.
El Ayuntamiento también deberá hacer frente, por otro lado, a la devolución de otra subvención posterior, de 433.288 euros, correspondiente al proyecto del Centro de Interpretación del río Guadalete, ya que, en este caso, la justificación de la inversión de los fondos se hizo fuera de plazo.
El Gobierno local pretende hacer frente al pago de dichas cantidades mediante la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación regulado para la cobertura de necesidades financieras en 2020, y correspondientes al pago de sentencias judiciales firmes, al amparo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y Aprobación de Revisión del Plan de Ajuste.
Dicha solicitud se abordará en la mañana de este jueves en una sesión plenaria extraordinaria.
Unos pagos que son prioritarios
La delegada de Hacienda, Laura Álvarez, respaldaba ayer la necesidad de adherirse al Fondo de Ordenación, cuyo plazo expira este viernes, para poder abonar las sentencias que afectan a proyectos del Plan E, ya que de lo contrario el Ayuntamiento no podría acceder a nuevas subvenciones de la Junta de Andalucía, caso de los planes de empleo. En cualquier caso, recuerda asimismo que “estamos ante una situación que es corresponsabilidad de gobiernos anteriores”.
Pagos de más de 23 millones a Urbaser y OHL
Con el dinero procedente del Fondo de Ordenación, el Ayuntamiento también pretende hacer frente al pago de facturas pendientes con proveedores, entre las que la mayor parte corresponde a Urbaser por la prestación del servicio de recogida de basura y de limpieza viaria. La cantidad total reclamada por vía judicial asciende a más de 19,6 millones de euros, a la que hay que sumar asimismo la correspondiente a otra concesionaria, OHL-Ingesan, por la limpieza de dependencias municipales, que asciende a 3,6 millones de euros. Entre ambas el montante se eleva a los 23,3 millones de euros.
Laura Álvarez defenderá este jueves en el pleno las ventajas de esta nueva operación financiera, ya que ayudará a reducir los intereses de demora, así como a suscribir los fondos a intereses bajos.
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