Miembros de la Asociación Mesa de la Ría han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Fertiberia por un delito contra la salud pública por su actuación con los denominados "fosfoyesos negros" localizados en una zona de las balsas y con niveles de radiación muy superiores a los normales.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, se extiende también de manera explícita contra el gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), Rafael Romero, por "ocultación y tergiversación de hechos constitutivos de riesgos para la salud de las personas en las numerosas manifestaciones que constantemente realiza en Twitter y Facebook" y, de modo muy concreto, respecto a los fosfoyesos negros "su actitud conlleva demás el agravante de alevosía y de ejecutar el hecho mediante recompensa económica".
La denuncia recuerda a la Fiscalía que a comienzos de 2009 desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar se requirió a Fertiberia la presentación de un plan de restauración de los terrenos ocupados por las balsas de fosfoyesos en las marismas de Huelva.
Los resultados del informe realizado por la empresa pública Tragsatec, presentado en 2010, evidenciaban la existencia de una sustancia que han denominado "fosfoyesos negros", concretamente en la denominada zona 3 de las balsas de fosfoyesos, con unas características radiológicas y recomendaba la realización de nuevos estudios que aportaran más datos.
Fertiberia encargó un estudio a LAINSA cuyos resultados señalaban que "los valores máximos admitidos son superados en la mencionada Zona 3 hasta en 15 veces en el caso del Uranio y el Radio 226. En 20 veces el Plomo 210 y en 30 veces el Torio 23; todas estas sustancias tóxicas altamente peligrosas por su elevado nivel radiológico".
En otro orden de cosas, el CSN ( Consejo de Seguridad Nuclear ) exigió a Fertiberia que impidiera el acceso a las diferentes áreas de la Zona 3 donde se encuentran depositados los "fosfoyesos negros", consecuencia de las mezclas antes mencionadas, y de una alta toxicidad por metales pesados.
En la denuncia especifican que la empresa ha ignorado esa solicitud así como "marcar la zona con los pictogramas adecuados y visibles indicando el nivel radiológico correspondiente. Lo que tampoco ha hecho".
Entienden que el proceder de la empresa es constitutivo de delito tipificado en el Código Penal e instan a la Fiscalía a que realice las pertinentes diligencias e intervenga con "firmeza" ante un caso en el que "se está vulnerando el derecho a la Salud".
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