El exabogado del Estado Demetrio Carmona, imputado por supuestamente formar parte de un grupo criminal acusado de extorsión investigado en el denominado caso 'Tres Reyes', ha asegurado hoy que han querido hacerle "polvo", perjudicarlo y acabar con su profesión.
Así lo ha mantenido este martes durante la segunda sesión de la vista oral donde ha asegurado que amigos y conocidos le habían "filtrado" que querían quitarlo de su cargo.
"Consistía en que querían quitarme y hacerme polvo", ha dicho a preguntas de uno de los letrados de la acusación particular, confirmando lo dicho por la magistrada que preside el juicio al cuestionarle ésta si lo que esas personas -cuya identidad no ha revelado- querían era "acabar con su profesión" y perjudicarlo.
Ha negado formar parte de un grupo organizado para realizar distintas operaciones a través de medios ilícitos para conseguir beneficios económicos obligando a otras personas a realizar disposiciones patrimoniales a su favor, simulando identidades de todo tipo afirmando de forma expresa o tácita que eran miembros importantes del CNI o de la CIA para intimidar a las víctimas.
Sí que ha indicado que parte de los acusados "no decían" pero "aparentaban" ser altos funcionarios o con relación con los servicios secretos, por lo que generaban en él "poca confianza".
Asimismo, ha insistido en que no tuvo nada que ver en una supuesta extorsión a un empresario almeriente que tenía depositados en una empresa de seguridad 128.498.700 dinares iraquíes que había adquirido en 1996, cuya denuncia dio inicio a la causa que ahora está siendo enjuiciada.
Ha sostenido que tenía "amistad" con este empresario y que fueron otros acusados los que quedaron en retirar dichos dinares a entidades americanas "por el papel, porque los dinares no valían". "Compraban el papel para retirarlo", ha incidido, manteniendo que lo único que hizo inicialmente fue decirle al empresario que los responsables de la operación "parecían altos funcionarios".
En cualquier caso, ha reiterado que intentó advertir al propietario del dinero, así como a su abogado en aquel entonces y también acusado, Rogelio Vargas, para que cesaran cualquier tipo de trato con estas personas porque no se "fiaba ni un pelo" de ellos.
Por otro lado, se ha referido a su relación con el empresario con relación con el PP José Abad, también acusado en la causa, afirmando que le propusieron hablar con él cuando ya lo habían advertido de la existencia de acciones en su contra y por sus problemas con la Agencia Tributaria, asegurando que éste contactó con altos cargos del partido en Almería.
"Le dijeron que al día siguiente iba a ir -el cargo político al que ha hecho referencia- a Madrid al comité directivo del PP, que iba a tener una reunión con Albertito -Alberto Ruiz-Gallardón, a la sazón ministro de Justicia- o con el consejero técnico".
En este sentido, ha defendido que iba a mantener una reunión con el exministro gracias a estas gestiones, que no llegó a producirse al ser detenido días antes en el marco de la operación 'Tres Reyes'.
Sobre otros acusados, ha dicho que intentaron hacer una labor de intermediación por problemas económicos entre sociedades suyas y las de otras dos familias, sin que en ningún caso llegasen a fructificar o cobrar por estos servicios.
El fiscal solicita penas que oscilan entre los tres años y once meses, y los nueve años de prisión para los siete procesados por delitos de pertenencia a grupo criminal y tres delitos de extorsión en grado de tentativa aunque a dos de ellos les imputa además sendos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad.
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