El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado que la empresa Magrudis, señalada como responsable del brote de listeriosis que ha provocado una alerta nacional, no contaba con licencia cuando se dio de alta en el registro de la Junta de Andalucía en 2015, sin que ese documento haya sido localizado hasta el momento.
En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que Magrudis se dio de alta en el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos de la Junta de Andalucía en el año 2015 “sin contar con la documentación correspondiente y necesaria por parte del Ayuntamiento de Sevilla, careciendo en ese momento de la licencia de actividad de acuerdo con la información recabada hasta el momento”.
La presencia en este registro avalado por la Consejería de Salud se comunica a los servicios municipales de Consumo por parte de la administración ese mismo año, “de forma que se abre un procedimiento de inspecciones que se producen en 2016 y 2017 hasta que la empresa instala los sistemas de autocontrol que, en materia de consumo suponen su paso a la categoría C y un modelo más flexible de inspección de las administraciones de acuerdo con las directrices europeas, asumiendo la empresa la responsabilidad íntegra de la producción”, cita el comunicado.
Sin embargo, asegura que “de acuerdo con las revisiones de documentación realizadas desde el pasado día 23 se ha constatado que hasta diciembre de 2018 la empresa no presenta en el Ayuntamiento de Sevilla, en el servicio de Protección Ambiental, una declaración responsable para el inicio de actividad”.
“En este documento, que de acuerdo con la normativa permite el inicio de la actividad avalado por un técnicos con la responsabilidad por parte del empresario, se han detectado deficiencias de forma y de fondo, de modo que ha sido declarado sin efecto y, por tanto, anulado de acuerdo con el informe realizado el día 26 y ratificado el día 28 en el marco de un expediente abierto de oficio en el área de Medio Ambiente”, sostiene el Ayuntamiento.
Añade la nota que la empresa ha sido en el día de hoy “objeto de nuevas inspecciones por parte de los servicios municipales en las que se ha detectado que las características técnicas de la empresa y su actividad no se corresponden con la declaración responsable presentada en diciembre de 2018”.
Del mismo modo, “no se ha localizado escrito alguno de petición de licencia o de declaración responsable con técnico que autorice las reformas que constan en el escrito presentado el 31 de julio por la empresa ante la Junta de Andalucía, situación que también se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de acuerdo con los servicios jurídicos”.
La denuncia apunta a “la posible existencia de líneas de comercialización de productos ocultas por parte de la empresa Magrudis a las administraciones”, además de indicar que “se ha trasladado la falta de colaboración y la ocultación de datos por parte de la empresa, que tiene su principal línea de actividad paralizada por orden municipal desde el 14 de agosto, que se amplió a toda la empresa el día 19 y con orden de retirada de todos sus productos de los establecimientos comerciales desde el 20 de agosto por parte de la Junta de Andalucía”.
En el escrito que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía se detalla la existencia en el mercado de productos que la empresa no había comunicado a las administraciones y que no se encontraban en la fábrica del parque empresarial de El Pino, de acuerdo con las actas realizadas por los inspectores de las dos administraciones.
Concretamente, durante los últimos días, se han detectado en inspecciones a comercios y en los albaranes chorizo y chorizo picante que, según la información facilitada por el empresario, no estaban ya en distribución.
También se ha apreciado la comercialización de morcilla y, en la inspección realizada a establecimientos que comerciaban con Magrudis, se ha detectado que se ofertaban también otros productos preelaborados, situación que está siendo objeto en estos momentos de investigación y que ha sido comunicada a la Junta de Andalucía.
Del mismo modo, se han detectado ofertas de comercialización de productos ocultas a las administraciones por parte del empresario, aunque no hay indicio alguno en estos momentos de que esos productos estén contaminados y afectados por la crisis alimentaria por listeria monocytogenes.
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