La polémica política del mes de agosto se ha producido por la suspensión de un pleno extraordinario en el que el equipo de Gobierno pretendía aprobar una modificación de crédito sobre el Presupuesto General. No obstante, ya en un segundo pleno se ha logrado sacar adelante pero con el descontento de la oposición.
La modificación en cuestión se iba a producir inicialmente con el informe negativo, una vez más, del servicio de Intervención; una situación que, según explican desde la oposición en un comunicado conjunto PP, Ai-Pro y Ciudadanos, se viene repitiendo con demasiada frecuencia. Los grupos sostienen que es su “obligación darle prioridad al posicionamiento de los técnicos que tienen que velar por el cumplimiento estricto de la Ley, más cuando el equipo de Gobierno socialista ha hecho gala durante estos últimos años de su buena gestión económica”. Sin embargo, señala el comunicado, “queda demostrado una vez más que actuaciones como éstas indican la necesidad de elaborar de manera urgente un presupuesto que evite este tipo de situaciones, ya que durante los últimos cuatro años de gobierno no han sido capaces de elaborar esta herramienta económica fundamental para gestionar adecuadamente un Ayuntamiento”.
El mismo comunicado asegura que la primer teniente de Alcalde convocó a los portavoces previamente a la sesión para conocer su intención de voto, cosa que a PP, Ai-Pro y Ciudadanos parece cuando menos “inmoral” .
Así, estos grupos elevaban su queja, a la que suman que no se celebró sesión económica alguna previa al Pleno. Por último, la oposición apunta a “la falta de sentido democrático del equipo de Gobierno”, al que acusa de no haber facilitado el debate, como también acusa a los concejales socialistas ausentes de no haber cumplido con sus obligaciones con los vecinos.
Según explicaba posteriormente la delegada municipal de Hacienda y Personal, María José González, en su calidad de portavoz del equipo de Gobierno socialista, es cierto que el pleno se desconvocó al no tener finalmente la certeza del voto a favor de la oposición y la ausencia a este respecto de varios de sus concejales por motivos de vacaciones.
La misma señala que existía una partida de 71.000 euros del Presupuesto General prorrogado destinado al pago de sentencias judiciales, cantidad que se dirigiría finalmente a la Delegación de Fiestas para preparar los pliegos de contratación de cara a la próxima Feria de San Miguel. Para González Peña es una cantidad “insignificante” dentro de su importancia en un presupuesto de casi 30 millones de euros. Además, asegura que trasladó esta operación a la oposición, a la que acusa de decir sí inicialmente para no paralizar la actividad municipal y después cambiar su postura.
También entiende que la oposición ha actuado con deslealtad y con una actitud “paralizadora”. Siguiendo las instrucciones del secretario y considerando el retraso de la oposición en el pleno (PP, Ai-Pro y Ciudadanos se habían reunido en la plaza del Cabildo de forma atípica e informal), el alcalde decidió suspender la sesión, teniendo en cuenta además que el Gobierno necesitaba los votos de sus concejales ausentes por vacaciones para sacar adelante el punto económico.
Ya el pasado 26 de agosto, se debatió el punto y se impuso la mayoría del PSOE, pero con las abstenciones de PP, Ai-Pro y Ciudadanos.
“Menos dinero para hacer lo mismo”
La portavoz del Gobierno municipal ha aprovechado para asegurar que el ejecutivo destinará a la próxima Feria de San Miguel un total de 50.000 euros para los distintos contratos de servicio, mientras que el equipo de Gobierno PP-Ai-Pro gastó en este capítulo durante el último año de su mandato 214.000 euros. “Que no vengan a dar lecciones de cómo gestionar económicamente el Ayuntamiento. Ellos saben que con menos dinero hacemos lo mismo que ellos con mucho más”, en alusión a las distintas fiestas y actividades que se han desarrollado este verano, concluye González Peña, quien se reitera que su gestión se centra en velar por los intereses de los ciudadanos.
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