El portavoz municipal de Marbella, Félix Romero, ha indicado este lunes que el Gobierno local tardará unos dos meses en volver a licitar la redacción del PGOU después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento emitiese una resolución en la que deja sin efecto la actual adjudicación al entender que existían defectos de forma en la tramitación.
A preguntas de los periodistas, Romero ha indicado que los pliegos de contratación para elegir al equipo redactor que elabore el PGOU que sustituya al de 1986, en vigor desde que el Tribunal Supremo (TS) anulara en 2015 el plan de 2010, "están hechos y deberán incluir las modificaciones que nos han dicho desde el tribunal".
"A la mayor brevedad posible estaremos en disposición de plantear esa nueva disposición. La mayor o menor brevedad del plazo dependerá de lo que nos digan los técnicos, pero no debe ir mucho más allá del mes o de un par de meses", ha apuntado.
Ha indicado que la resolución del tribunal administrativo es "un retraso momentáneo, lo que no nos parece positivo", pero ha matizado que no se trata de una demora "excesivamente grande".
"La voluntad del Ayuntamiento es redactar cuanto antes el PGOU. Se trata de una prioridad para el Consistorio y el Equipo de Gobierno. Adoptaremos las cautelas pertinentes para que la licitación sea una realidad a la mayor brevedad posible", ha agregado.
Romero ha asegurado que el Gobierno local pretende dar "la máxima naturalidad" a la situación en la que se encuentra el proceso de redacción del PGOU ya que la contratación del equipo redactor es una tramitación "muy compleja, muy complicada y con uno de los niveles técnicos más importantes que puede hacer una Corporación municipal".
Ha recordado que las licencias urbanísticas "no tienen ningún problema" ya que, tras la sentencia del TS, el Gobierno local las aprueba en función de la versión del PGOU de 1986 adaptado a la norma urbanística andaluza.
Por otra parte, Romero ha señalado que el Ayuntamiento está a la espera de recibir una autorización del Ministerio de Fomento para realizar una modificación urbanística de elementos de la parcela que albergará el Palacio de Justicia, sobre la que recae una afección al encontrarse a escasa distancia de la autovía A-7.
Una vez que reciba el permiso, el Ayuntamiento podrá realizar la tramitación urbanística y ceder la parcela a la Junta de Andalucía. "Hasta ahora no tenemos otra cosa que la voluntad de poder ceder la parcela hasta tanto ese pequeño obstáculo no sea removido", ha agregado.
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