Las agencias públicas, ese cúmulo de empresas de apoyo a las consejerías que PP y Cs tachaban de “chiringuitos” cuando estaban en la oposición, siguen en el centro de la diana. Durante años se convirtieron en un símbolo a derribar y hoy, aunque ya no persiste ese furor por su eliminación, la lupa está puesta en sus trabajadores, entre los que según el Gobierno PP-Cs hay tantos “enchufados del PSOE” que ahí no había manera de entrar a trabajar sin tener el carné socialista.
Así de explícito se mostró este jueves el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), en el Parlamento, donde hizo una radiografía demoledora de estos entes públicos desde el punto de vista de personal. Aunque las auditorías realizadas meses atrás descartaron irregularidades y lo más grave de lo que alertaron fue de redundancias con el trabajo que hacen los funcionarios, las tintas se vienen cargando desde hace semanas en los trabajadores: según el PSOE, va a haber una avalancha de despidos, y según el Gobierno los únicos que tienen que temer por su puesto son los “enchufados”.
Puestos a sumar, ¿cuántas piezas tiene este sector instrumental? En la comisión parlamentaria de Presidencia se enumeraron, y salió una buena ristra, un total de 78: 12 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres agencias de régimen especial, 16 sociedades mercantiles, 17 fundaciones y 12 consorcios. Bendodo aseguró que no critica su existencia o sus fines, sino el uso que le dieron los gobiernos del PSOE.
En total hablamos de 26.045 empleados públicos, que según Bendodo generan un gasto anual en nóminas de mil millones de euros y que se rigen por 31 sistemas de gestión de recursos humanos diferentes (11 de ellos externalizados) y 38 estructuras económico-financieras distintas. De hecho, a algunos por convenio incluso se les pagan seguros de vida o de salud de los que no disfrutan ni los funcionarios, con el consiguiente agravio comparativo.
Y a propósito de convenios colectivos, los trabajadores de estas agencias se rigen por hasta 74 diferentes. El consejero de Presidencia se escudó en las advertencias que al respecto ha hecho más de una vez la Cámara de Cuentas, que denunció que la gestión socialista era “desorganizada, descoordinada, incoherente, ineficaz e ineficiente”.
Bendodo, por su parte, utilizó una artillería de calibre mucho más grueso, como que en estas agencias se entraba “con el carné del PSOE” y que hay “una barbaridad” de “enchufados” socialistas. La diputada del PSOE Ángeles Ferriz le afeó estos términos, y le desafío a que, si es tan “valiente”, haga público ese famoso listado con unos trabajadores “a los que faltan el respeto llamándolos enchufados” y que aclare de una vez por todas qué piensa hacer.
De fondo, hay un temor real que se ha instalado en estos 26.000 empleados, ya que llevan un buen tiempo escuchando ruido de sables sobre sus cabezas. Están generando “incertidumbre”, le reprochó Ferriz a un Bendodo que, por su parte, acusó a los socialistas de generar una “alarma” injustificada, aunque en ningún momento negó que se vayan a producir despidos. Los que tienen que temer, vino a decir, son los supuestos enchufados, el resto de trabajadores pueden estar tranquilos.
“Sin privilegios”
A partir de ahora, apostilló, aquí se podrá entrar a trabajar “sin privilegios para nadie”, y de hecho se irán haciendo convocatorias públicas que se regirán por los principios de “igualdad, mérito y capacidad”. Se pondrá así punto final a la “maraña” que creó el PSOE para “consolidar el régimen”, blindando estos entes de tal manera que era “prácticamente imposible” que un ciudadano cualquiera pudiera entrar.
Y ante el panorama que el propio Bendodo dibujó, ¿qué se va a hacer? Pues más auditorías y “racionalizar”, aunque para conocer los primeros pasos habrá que esperar hasta finales de año.
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