En las alegaciones presentadas a la Consejería de Justicia y Administración Pública, que ha recibido siete nuevas en la ampliación del plazo, ante la solicitud de apertura de la fosa, a las que ayer tuvo acceso Efe, los sobrinos apuntan además que se considere la posibilidad de declarar los terrenos donde se encuentra como lugar "legalmente autorizado para el enterramiento".
En un escrito de siete páginas, señalan, de forma subsidiaria, que si finalmente se autorizara la exhumación de la fosa se reservan el derecho para solicitar la identificación de los restos de Federico y disponer de los mismos, así como el ejercicio de cuantas acciones y derechos pudieran corresponderles.
Para argumentar su postura recuerdan que el proceso se inició raíz de la solicitud de la Asociación Granadina para la Memoria Histórica, que interesó exhumar los restos del maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí, supuestamente enterrados junto al también banderillero Joaquín Arcollas y a García Lorca.
A juicio de los herederos del poeta, esta petición no se puede separar de las consecuencias que, de su posible estimación en los términos efectuados por parte de la Administración, se producirían sobre el resto de víctimas que allí se encuentran.
Sostienen que el expediente seguido puede derivar así en una situación en la que se dividiera a las víctimas en tres "categorías": las identificadas por familiares, que tendrán sus restos; aquellas que no lo sean y se trasladen a una segunda fosa; y aquellas que quedarían "sin protección alguna" por estar en fosas que no han merecido el interés de la Asociación solicitante.
"¿Es eso lo único que podemos esperar?", se cuestiona la familia, que entiende que el respeto, memoria y reconocimiento del conjunto de las víctimas "no quedan debidamente cumplidos con una decisión que se limite a dar satisfacción a una solicitud concreta" y que apunta que la decisión puede "condenar al olvido" a muchas víctimas.
Los sobrinos de García Lorca mantienen que, si existe la posibilidad de que se autorice esa inhumación posterior de los restos, no debiera existir tampoco ningún impedimento para que, sin necesidad de la previa exhumación, se habilitara como "lugar autorizado" para el enterramiento el espacio donde están las fosas.
En su opinión, otorgar a dichos terrenos el estatuto jurídico necesario para ello supondría el "reconocimiento moral e histórico" y la protección de aquel paraje, garantizando su respeto y dignidad.
Por ello, piden a la Junta que evite adoptar una decisión "individualiza" y que procure dar satisfacción a la totalidad de las víctimas allí enterradas, con una solución como la que proponen que concilie las diversas posturas mantenidas por los familiares.
Se refieren además a la "incertidumbre" que existe sobre el destino final de los restos y reiteran, como ya hicieran en un comunicado en septiembre de 2008, que no desean que sean removidos de donde supuestamente yacen, para no "singularizar" ni "apartar" a García Lorca de otras víctimas de la Guerra Civil en Granada.
Aunque reconocen el derecho legítimo de aquellos parientes que desean identificar los restos de los suyos, señalan que "idéntica legitimidad" tiene aquellos que desean lo contrario.
"La decisión que se adopte ante la solicitud efectuada deberá permitir que el interés, minoritario, manifestado en el expediente a favor de la exhumación, no suponga un menoscabo del interés también expuesto por los familiares de los otros supuestos ocupantes de la fosa", indican en las alegaciones, que firman Vicenta, Manuel y Concepción Fernández-Montesinos García y Gloria, Isabel y Laura García-Lorca de los Ríos.
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