Andalucía

El fiscal apoya la libertad del dueño de Contsa y los afectados piden más fianza

La Fiscalía de Sevilla no recurrirá la decisión de la juez de dejar libre, bajo fianza de dos millones de euros, al dueño de la inmobiliaria Contsa, acusado de una estafa piramidal a 1.653 afectados, mientras que la acusación particular pedirá que se aumente dicha fianza.

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La Fiscalía de Sevilla no recurrirá la decisión de la juez de dejar libre, bajo fianza de dos millones de euros, al dueño de la inmobiliaria Contsa, acusado de una estafa piramidal a 1.653 afectados, mientras que la acusación particular pedirá que se aumente dicha fianza.

Fuentes de la Fiscalía dijeron ayer a Efe que la decisión de autorizar la salida de la cárcel fue propuesta por el propio fiscal del caso, ya que el dueño de la empresa, José Salas Burzón, lleva un año encarcelado y en este tiempo se le han embargado todos los bienes que han sido localizados.

Por su parte, la acusación particular que ejercen varios afectados dijeron a Efe que van a respaldar la libertad o, en todo caso, pedirán que se aumente la cuantía de la fianza.

La defensa del empresario, a su vez, se propone pedir en los próximos días una rebaja de dicha cantidad, añadieron las fuentes.

La juez de instrucción 17 de Sevilla ha autorizado la libertad de Salas porque el 4 de octubre se cumplió un año de su encarcelamiento y dicha medida debe ser proporcional a la condena prevista para los delitos que se le imputan, que en este caso son los de estafa piramidal, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible.

Contsa se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 2008 y, según el informe de los administradores judiciales, tiene un déficit de 86,8 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones, que debe a 1.653 afectados.

Los afectados son 1.653 pequeños inversores que acudieron a la inmobiliaria atraídos por intereses de hasta el 40 por ciento.

Hasta ahora, la juez ha imputado en la presunta estafa a Salas y a ocho personas de su entorno, mientras que el empresario y su esposa están imputados, a su vez, de un presunto delito fiscal en sus declaraciones del IRPF.

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