El jefe de la junta militar de Tailandia, Prayut Chan-ocha, se despidió del cargo y anunció el cese del régimen instalado tras el golpe de estado de 2014, antes de la toma de posesión hoy del nuevo gobierno electo.
Prayut continuará como primer ministro del país, esta vez, con el apoyo de una coalición de diecinueve partidos que obtuvieron representación en las elecciones del pasado marzo.
El nuevo ejecutivo jurará el cargo este martes por la tarde ante el Rey Vajiralongkorn, lo que formalmente pondrá fin al mandato del Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO, siglas en inglés), nombre oficial de la junta militar.
"Tailandia está ahora totalmente gobernada como un país democrático con un rey constitucional, un parlamento electo y un gobierno respaldado por el parlamento", dijo Prayut anoche en un mensaje retransmitido por la televisión estatal.
El general golpista pidió paciencia a la población al señalar que su nuevo gobierno no contará con los poderes especiales de que dispuso el Ejecutivo formado por los militares los últimos cinco años.
"Todas las partes deben aprender a coexistir pacíficamente, a ser pacientes, mostrar contención, evitar el conflicto, ser sensibles y disciplinados y respetar la voz de la mayoría", añadió.
El nuevo gobierno consta de 20 ministros, cinco vice primer ministros y 13 viceministros, entre los que se cuentan miembros de la junta militar y de la coalición parlamentaria que -junto a un senado elegido a dedo por los generales- votó a Prayut como primer ministro el pasado 11 de junio.
El ejecutivo se formó tras una larga negociación entre el Palang Pracharat, el partido promilitar que propuso Prayut como jefe de gobierno y el segundo con más diputados, y el resto de partidos de la coalición.
Prayut comparecerá a finales de mes ante el parlamento para anunciar las políticas que pretende impulsar su gobierno.
La toma de posesión del gobierno fue precedida por la revocación de setenta órdenes y anuncios con las que la junta militar ha gobernado desde la asonada y que sirvieron, entre otros, para perseguir toda actividad de oposición política o imponer la censura a los medios de comunicación.
La organización Abogados Tailandeses para los Derechos Humanos denunció que pese a la disolución de la junta gran parte de sus órdenes seguirán en vigor, incluidas las que autorizan a las autoridades militares de detener civiles sin supervisión judicial.
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