Con motivo de las dificultades que desde 2015 para acá se han presentado en cada investidura, una vez celebradas las correspondientes elecciones generales, se ha intensificado un debate –ya latente en los últimos años– sobre la necesidad de llevar a cabo cambios en nuestra legislación electoral, opinión que, con matices, comparto.
No obstante, antes de plantearse siquiera la ejecución efectiva de cualquier clase de reforma, hay que señalar –porque es de justicia– que dicha legislación no ha sido mala, sino todo lo contrario, para el proceso de consolidación de la democracia en nuestro país y, por tanto, ha resultado de gran utilidad para los españoles. De los recientes y crecientes problemas para la conformación de gobierno tienen más culpa la ineptitud y la incapacidad cada vez más notorias y generalizadas de nuestra nueva clase política que la influencia de nuestro marco jurídico y demás factores condicionantes del sistema. Una ineptitud y una incapacidad fundadas en razones históricas, culturales, sociológicas y en el acentuado espíritu cainita propio de nuestra idiosincrasia carpetovetónica.
De acuerdo con las directrices de la Constitución de 1978, la LOREG fue diseñada para contribuir a hacer de España una democracia representativa, basada en la pluralidad, la proporcionalidad y la concertación, el modelo de país que los impulsores de la restauración democrática de 1976 y padres de la vigente Carta Magna, con sus legítimas diferencias, tenían más o menos en mente, siguiendo la tradición europea impuesta a partir de la segunda mitad del siglo XX y, muy especialmente, el ejemplo alemán. En definitiva, un estado social, democrático y de derecho, descentralizado, donde, junto a la estabilidad institucional, también estuviera mínimamente garantizada la protección de las minorías y de los territorios, objetivos que –a pesar de las voces críticas– se han visto cumplidos muy meritoriamente y con creces.
¿Qué quiero decir con todo esto? Sencillamente, que toda reforma de calado de nuestra legislación electoral puede tener tanta o casi igual trascendencia que una modificación en cualquier otro aspecto de nuestro orden constitucional y que, por consiguiente, antes de efectuar retoques profundos en la misma es imprescindible un alto grado de consenso –por encima del legalmente exigido– entre las principales fuerzas políticas sobre qué tipo de estado queremos, cosa que, por desgracia, se me antoja casi imposible en los tiempos que corren.
No hay que olvidar que cualquier paso erróneamente calculado puede dar al traste con los grandes logros alcanzados hasta la fecha –que no son pocos– y, por tanto, no se puede actuar a la ligera. Así que reformar la LOREG, sí, pero con mucho tacto.
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