La identificación de restos óseos en fosas comunes en Andalucía avanza de una manera formal, aunque a un ritmo tan lento que en la práctica casi podría hablarse de un estancamiento. Así lo señalan al menos los últimos datos aportados por la Consejería de Cultura: desde que en septiembre se suscribió un convenio con la Universidad de Granada para esta cuestión, sólo se han analizado 57 restos óseos y hay otros 70 que están en proceso.
Las cifras contrastan con la magnitud de todo lo que hay por delante. Sólo la semana pasada, por ejemplo, se licitaban los trabajos en la fosa de Pico Reja, en Sevilla, una fosa común en la que podrían descansar los restos de 1.103 represaliados del franquismo. La propia Junta de Andalucía calcula que, en la actualidad, se tiene conocimiento de 708 fosas en las que enterraron a más de 45.000 personas.
Los datos de este bajo ritmo son los últimos que ha aportado la Consejería de Cultura, que tiene las competencias en materia de memoria democrática. La consejera, Patricia del Pozo, añadía el dato de que también se le han hecho pruebas a 337 familiares vivos, para así cotejar los resultados con los que se obtienen de los restos óseos.
El problema de estas magras cifras no es sólo que “no sabemos hasta qué milenio vamos a tener que esperar” para terminar, como apunta con ironía la parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo, que es la que ha requerido estos datos a Cultura, sino que el tiempo juega en contra. “Sólo los hijos de las víctimas aportan un 95% de adecuación genética, y todos tienen ya entre 80 y 90 años”, lamenta Luis Naranjo desde la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo. Ambos reprochan la “falta de voluntad política”.
La partida para memoria histórica en el presupuesto de la Junta para 2019 es muy similar al que había, 1,6 millones de euros, un dinero con el que se van a priorizar tanto exhumaciones como identificaciones genéticas. Por lo que respecta al convenio con la Universidad de Granada para las pruebas de ADN, la cuantía es de poco más de un millón de euros hasta 2021, un trabajo que ya ha permitido cinco identificaciones positivas en las fosas de La Puebla de los Infantes, Moclín, El Madroño, Marmolejo y Cádiz.
La encargada de las pruebas es la Universidad granadina porque, frente al sector privado, ofrece unos precios asumibles. En concreto, y según Cultura, el coste de las pruebas a cada familiar se estima en 250 euros, que en el caso del análisis a los restos de las víctimas se eleva hasta los 750 euros.
Extender la red
Pero al margen del precio, el otro gran factor determinante es el del tiempo. Ana Naranjo pone el ejemplo de la fosa de Santaella, en Córdoba, que se exhumó hace más de una década “y todavía no se ha empezado a identificar”. ¿La solución? Aquí hay coincidencia: que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) empiece a hacer estas pruebas, tal y como se comprometió en marzo la consejera de Cultura, lo que permitiría multiplicar los análisis que se hacen y que además se puedan realizar en centros cercanos a los familiares de las víctimas.
Lo que también falta es publicidad, dar a conocer que pueden hacerse estas pruebas unos familiares que en muchos casos puede que ya ni vivan en Andalucía. Así lo denuncia Luis Naranjo, y es que este desconocimiento ha llevado a que, por ejemplo, sólo se hayan realizado los análisis los allegados de 190 de las 4.000 víctimas de la fosa de San Rafael, en Córdoba. Y eso que la propia Del Pozo admite que estos trabajos de identificación “son importantísimos” porque “de nada sirven las exhumaciones si luego no sabemos quién es quién”.
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