Ante la proliferación masiva de patinetes y ciclomotores eléctricos o asimilados que se ha producido en la provincia tras la llegada del periodo estival, se ha celebrado una reunión en la Fiscalía provincial para la coordinación de las distintas actuaciones policiales que se puedan realizar en torno a estas nuevas modalidades de vehículos.
Al respecto, se ha acordado incrementar, en la medida de lo posible, las labores de información de las posibles responsabilidades civiles e incluso penales en las que pueden incurrir los usuarios de estos vehículos en caso de imprudencias cometidas durante la conducción o de la ausencia de los requisitos administrativos necesarios que habilitan a llevar a cabo la misma.
También en la reunión, organizada y coordinada por el delegado de Seguridad Vial, Carlos López-Veraza Pérez con presencia del fiscal jefe, Alfredo Flores, se han emitido una serie de directrices acerca del modo de actuar por parte de las fuerzas policiales, ha informado la Fiscalía en un comunicado.
A la cita también acudieron los jefes de Policía Local de las localidades de mayor población de la provincia, así como agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico.
Desde la Fiscalía han recordado que, salvo las bicicletas eléctricas cuyo motor, de potencia máxima 250 watios, se pare bien cuando el ciclista deja de pedalear o bien cuando alcance los 25 kilómetros por hora, las demás de categoría y potencia superior deberán estar matriculadas, con seguro obligatorio y se necesitará por tanto el permiso de conducir correspondiente, estando sometidas a las demás normas de seguridad vial.
Cabe recordar que ya se han dictado por los juzgados de Ayamonte dos sentencias condenatorias por delitos de conducción sin permiso de motocicletas eléctrica, ambas tras dos denuncias de la Policía Local de Lepe.
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