La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha advertido en la comisión parlamentaria de Cultura que si alguien ha accedido a un empleo público de manera indebida o está cobrando sin trabajar "no tiene por qué consentirlo", en respuesta a una pregunta sobre la Agencia de Instituciones Culturales.
Del Pozo, en contestación al grupo socialista que le ha demandado el nuevo catálogo de puestos de trabajo de esa agencia, ha asegurado que es un organismo "fundamental" para el desarrollo cultural de Andalucía y que "la mayoría" de sus trabajadores "hacen un magnífico trabajo", y ha insistido en que "todo el que haya entrado como tiene que entrar y desempeñe una función" no tiene "nada que temer".
Ha insistido en que no cuestiona el trabajo de los profesionales, pero ha insistido en que la estructura y la marcha de la agencia es "manifiestamente mejorable", y hasta ha achacado a este funcionamiento deficiente que muchos de sus profesionales estén "desmotivados".
Los problemas estructurales y de funcionamiento de la agencia "son visibles", según la consejera, que ha comenzado su comparecencia parlamentaria citando la auditoría interna de la Junta que concluye que este organismo es "sólo parcialmente un medio idóneo para las funciones que desempeña; que desempeña tareas que no debería hacer; que existen duplicidades con algunos servicios de la Consejería" y que éste debería asumir algunas de sus funciones.
También concluye la auditoría que la Agencia padece una falta de planificación estratégica y que su planificación operativa adolece de deficiencias y que no emplea "técnicas de función empresarial".
Del Pozo ha afirmado en varias ocasiones que esta situación "no es culpa de los trabajadores -sino que estos la padecen-, sino de los Gobiernos anteriores, que lo han permitido".
La agencia, según la consejera, no podía tener esa planificación porque empezaba cada año con un presupuesto para "unos meses" y se le iban librando partidas a lo largo del año, con lo que no se podía marcar objetivos, y que para arreglar esa situación a partir de ahora sabrá con qué cuenta para todo el año, para lo cual se le han presupuestado 28,2 millones de euros más los cuatro que obtendrá como propios recursos.
Su actual catálogo de puestos de trabajo es del 2016 y "está obsoleto", según la consejera, quien afirmado que este catálogo se actualizará "en cuanto esté la nueva estructura de la agencia totalmente definida".
Igualmente ha afirmado que ese catálogo no se publicará de manera unilateral sin el consentimiento del comité de empresa, como, ha recordado, sucedió en la última ocasión.
El diputado socialista Francisco Javier Fernández, ha contestado a la consejera que era su prioridad cambiar los estatutos de la agencia, ya que iniciaron esa modificación en marzo y la auditoría es de abril, y que los cambios de nominación de sus departamentos obedecen a "una nueva desestructuración de la cultura", como ejemplo de la cual ha puesto "el paso a mejor vida" del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) -aunque la consejera, en su respuesta, ha garantizado su persistencia-.
Fernández ha dicho que criticar el capítulo de personal de la agencia (18 millones de euros -otros cinco son en gastos corrientes-) "es como si en un hospital se prescinde de los médicos porque son personal", ha reclamado reconocimiento para estos trabajadores y ha asegurado que "su función va más allá de una nómina" por su "compromiso con la cultura".
También ha aludido a tres altos cargos de Cultura que accedieron a sus puestos por concurso de méritos y que han sido cesados por el nuevo Gobierno, a lo que la consejera ha respondido que eso forma parte de la libertad para formar equipos y que los nuevos responsables accederán igualmente por concurso de méritos.
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