El demoledor panorama dibujado por el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, que ha alertado sobre el enorme gasto que supondría climatizar los centros educativos, ha chocado frontalmente con la plataforma de madres y padres Escuelas de Calor, cuya acción reivindicativa fue la base para la Ley de Bioclimatización que ahora se tramita en el Parlamento. “La climatización es cara y complicada, por tanto, hay que dejar que los niños y niñas andaluces se cuezan en sus aulas”, ironizaban al respecto en un comunicado en el que cargaban con dureza contra una postura “lamentable” porque parece que se pretende “dar argumentos a quienes quieren verla decaer por segunda vez”.
El responsable de la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Jiménez Luna, ha cifrado en 1.250 millones de euros el coste de acondicionar los colegios, y eso que el cálculo está hecho sólo sobre 2.825 centros de los más de 4.500 (con 5.580 edificios) que hay en Andalucía. “Cumplir lo que dice la ley vale mucho dinero, a parte de que en muchos edificios es imposible” por el mal estado de sus cuadros eléctricos, apostillaba ante la comisión parlamentaria que tramita esta norma.
Mientras desde la Consejería de Educación declinaban pronunciarse sobre la cuestión, desde Escuelas de Calor se preguntaban “cuánto valen la salud y los derechos de alumnado y docentes andaluces”, que tienen que hacer frente a altas temperaturas durante varias semanas del curso. Por ello, han solicitado una reunión con Jiménez Luna para clarificar sus afirmaciones, y es que consideran que la postura de la Agencia parece buscar “ahorrarle dinero público a la Junta” para que no se aplique la ley.
Vulneración de derechos
En su escrito, la plataforma lamenta que todo lo hecho hasta la fecha en esta materia ha sido “inútil”, por lo que se pregunta de manera retórica si se “continuarán vulnerando derechos y poniendo en riesgo la salud” de los más de dos millones de alumnos y docentes andaluces. A ello une que se siguen incumpliendo directivas europeas de eficiencia energética y reducción de la huella de carbono.
Asimismo, se subraya el “retrato demoledor” del estado de conservación de los centros educativos, que no permiten aplicar medidas eficientes, “prueba de una incompetencia y dejación de funciones por las que deberían pedirse responsabilidades”. “¿Estos edificios pueden ser los únicos que permanezcan en estado decimonónico?”, apostilla.
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