En este sentido, Sanz manifestó en rueda de prensa que este recurso se presenta dentro del plazo de dos meses correspondientes, el cual será presentado “frente al acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2009 que se notificó mediante resolución de 30 de julio de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía por el cual el Consejo de Gobierno rechazó la petición del PP de apertura de un expediente sancionador por incumplimiento de la ley de Incompatibilidades” que solicitaron desde el PP.
Al respecto, Sanz manifestó que el acuerdo recurrido “no se ha ajustado a derecho y es contrario a la Ley 3/2005 de Incompatibilidad de Altos Cargos, además de ser contrario al Decreto 524/2008 sobre Competencias y Procedimientos en materia de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración en Andalucía”.
“En esta interposición hay dos hechos importantes en relación con el acuerdo del Consejo de Gobierno, por una parte que Paula Chaves era la responsable de la solicitud y de las ayudas a la empresa Matsa, como la entidad reconoció, y por otra parte, que Chaves no se inhibió de participar en la voluntad del Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009 al participar en el acuerdo para conceder el incentivo de diez millones de euros a dicha empresa”, según explicó el represente del Partido Popular.
Desde el PP consideraron que dicho acuerdo es “resolutorio en el sentido de que si no se llega a tomar ese acuerdo por el Consejo de Gobierno, no se habría concedido la subvención por parte de la Junta de Andalucía”.
Además, “el acuerdo parte de una premisa errónea como es que la Administración no podía conocer la actividad de la hija en la empresa, sin embrago la ley obliga al cargo público correspondiente a inhibirse en le caso de conocer la situación de incompatibilidad”, argumentó Sanz.
Asimismo, el dirigente ‘popular’ dijo que “la Administración no está obligada a conocer todas las situaciones familiares, en cambio Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades, porque de motu propio debería haber comunicado la situación la Administración para que se abstuviese de intervenir el acuerdo”.
Sin embargo, “la Administración tenía la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra el cargo público que no cumplió sus obligaciones, por ello, el momento de actuar la Administración es cuando se produce el incumplimiento de la ley, no antes porque antes le corresponde al alto cargo de inhibirse en la concesión”.
Ante esto, el PP considerará en su recurso que el Consejo de Gobierno andaluz “si tenía que haber iniciado expediente sancionador contra Chaves por no haberse inhibido de la decisión”.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
