La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a cinco procesados en el denominado caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malagueña de Marbella.
En la sentencia, que consta de 153 folios y un auto aclaratorio, se aplica a los condenados la atenuante de dilaciones indebidas y además se absuelve a otros siete procesados, la mayoría trabajadores del mencionado bufete de abogados.
Al letrado que ha sido condenado se le impone un año de prisión por dos delitos contra la contra la hacienda pública y multa, así como indemnización por los ejercicios de 2004 y 2006, que eran de 159.220 y 206.840 euros, respectivamente.
También se condena a dos clientes, ciudadanos paquistaníes, por un delito de blanqueo de capitales a cuatro meses de prisión a cada uno y multa de tres millones de euros, y a uno de ellos por dos delitos contra la hacienda pública, con 18 meses de cárcel por cada uno de ellos.
A otro cliente, natural de Holanda, se le condena por otro delito contra la hacienda pública a seis meses de prisión y al acusado que llegó a un acuerdo con el ministerio público se le imponen 15 meses de cárcel y multa de ocho millones de euros.
Los magistrados destacan que en este procedimiento "no puede negarse la complejidad de la causa, en gran parte porque la misma se desvió en diversas conexiones (turca, argentina, sueca, belga y británica)".
"Lo que la hizo dependiente en gran medida de la cooperación en muchas ocasiones escasa, como en el caso belga de terceros países, conexiones que por otra parte en gran medida resultaron estériles desde el punto de vista de la investigación", se señala en la sentencia.
Los magistrados añaden que "no puede negarse el impacto que la duración del procedimiento ha tenido sobre los acusados", en especial para aquellos profesionales que durante once años han visto su actividad (como economistas, abogados o promotores inmobiliarios) condicionada por las resultas del procedimiento.
"Máxime cuando son actividades para las cuales resulta esencial el crédito en la especialidad", añade el Tribunal, que incide en aplicar el atenuante de dilaciones indebidas.
El juicio comenzó en abril de 2018 con más de una decena de procesados, aunque en mayo el fiscal llegó a un acuerdo con uno de los encausados, que ha sido condenado a quince meses de prisión, y se le retiró la acusación a dos.
En las conclusiones finales Anticorrupción mantuvo acusación para sólo cinco abogados por delitos contra la Hacienda Pública de defraudación de IVA en los ejercicios 2004 y 2006 y a tres clientes por el mismo delito y por blanqueo de capitales.
El fiscal aseguró durante el juicio que dicho despacho de abogados, a cuya cabeza se hallaba Rafael Cruz-Conde, ya fallecido, se especializó en proporcionar al cliente que así lo demandase las estructuras societarias precisas para canalizar o titularizar sus inversiones en España.
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