El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio muestra su satisfacción por el proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Navegación y Servicios que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, dando así la señal de salida para que a partir de ahora inicie su tramitación parlamentaria. El nuevo texto sustituirá al vigente desde 2001 para adaptar la legislación andaluza a la regulación básica estatal de estas corporaciones de derecho público y reforzará su papel como prestadoras de servicios públicos a las empresas.
El presidente del Consejo, Antonio Ponce, ha salido al paso para valorar la importancia de este esperado trámite y expresar, asimismo, su reconocimiento al actual consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y tutelante de las Cámaras, Rogelio Velasco, que al poco de tomar posesión en su cargo se comprometió en un Pleno celebrado por estas instituciones a agilizar el proceso y proceder en breve a la aprobación del anteproyecto, como ayer hizo el Consejo de Gobierno, ha asegurado en una nota de prensa.
“Estamos muy satisfechos y confiados porque el consejero ha cumplido su palabra”, destaca Antonio Ponce, quien subraya el nuevo horizonte y el papel que se abre para las Cámaras obligando “a nuestras instituciones camerales a conseguir altas cotas de eficacia en sus servicios”. Este es el reto que asumimos hoy, conscientes de que las Cámaras de Comercio, con más de un siglo de existencia, están llamadas a desempeñar funciones imprescindibles para que del progreso de nuestras empresas derive en mayores cotas de bienestar social”, añade.
No en balde, el texto normativo aprobado por el Ejecutivo andaluz “además de fomentar la labor de las Cámaras como prestadoras de servicios, en particular a las pequeñas y medianas empresas, impulsará el carácter dinamizador de las Cámaras en la expansión nacional e internacional de las empresas, así como su competitividad”.
En este sentido, el Consejo aplaude la norma que recoge diversas fórmulas de financiación pública de las funciones público-administrativas de las Cámaras andaluzas, incluyendo una memoria económica de 3.490.000 euros para garantizar el mantenimiento de la red cameral.
“No ha sido fácil llegar al nuevo estatus en el que ahora se desenvuelven las Cámaras de Comercio. Durante estos años de indefinición legislativa, las Cámaras han seguido prestando sus servicios en la más absoluta orfandad y precariedad, sometidas a grandes sacrificios y serias dificultades”, recuerda Antonio Ponce, que recalca la importancia de este aval económico para la supervivencia de la red cameral.
Por otra parte, el Consejo Andaluz subraya también las disposiciones que recoge el texto legal para una adaptación óptima de las Cámaras de Comercio a las nuevas tecnologías.
Igualmente, resalta la efectividad de contar con nuevos servicios para el desarrollo de actividades económicas y empresariales, así como la de establecer acuerdos de colaboración para acercar la investigación a las empresas y favorecer la transferencia de conocimientos que apoyen la innovación y la formación especializada.
En este mismo sentido, se valoran otras funciones público-administrativas que se atribuyen a las Cámaras, como son las relativas a la mediación y arbitraje mercantil, en las que estas instituciones ya cuentan con cierta experiencia y rodaje.
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