En Andalucía, existían, hasta la fecha, 32 centros de inserción social y laboral para menores inmigrantes. La Junta de Andalucía ha sumado a esta lista uno más. El número 33 está en Sevilla, en el barrio de la Macarena, pero, a diferencia del resto de centros que están funcionando por toda la comunidad, en la capital hispalense el asunto ha levantado suspicacias, cuando no un rechazo frontal, que algunas asociaciones, como el caso de Derechos Humanos, consideran que tiene ya tintes de “xenofobia”.
En el extremo opuesto, hay colectivos vecinales que están organizando acciones de bienvenida a los menores, en un intento de contrarrestar las posiciones contrarias. Los partidos también se han posicionado: Adelante Sevilla ya ha advertido al Defensor del Menor que estudie un posible “delito de odio” en la recogida de firmas contra este servicio; y Vox, concretamente la portavoz municipal de esta formación, Cristina Peláez, ha señalado en su perfil de Twitter que “seguiremos apoyando a los vecinos, acosados ahora también por bandas comunistas”.
“Otros centros similares a éste no han provocado este rechazo”, señalan fuentes oficiales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que apuntan a que los vecinos y las asociaciones que se manifiestan en contra de este centro “están pagando con nosotros -en alusión a la Administración autonómica- la saturación de servicios sociales de atención”.
El centro de Sevilla, ya operativo, tiene capacidad para 25 menores extranjeros no acompañados que estarán bajo la “supervisión las 24 horas del día, tanto dentro como fuera del recurso y en tiempo de trabajo y en tiempo de ocio”, por diez profesionales de diferentes ámbitos, como el trabajo y la educación social y la orientación laboral, explican fuentes de la Consejería que dirige Rocío Ruiz (Cs).
La consejera fue la encargada de desvelar en la comisión parlamentaria celebrada el pasado viernes que la empresa adjudicataria de este centro es Servicios de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU), con “amplia trayectoria y experiencia en el trabajo con estos menores”, que llevan un tiempo en España y han “demostrado su interés por aprender y formarse en el ejercicio de una profesión”. Para ejercer esta labor de formación, acompañamiento y vigilancia, la empresa recibirá ayudas.
Concretamente, 60 euros por día y plaza, tal y como queda estipulado en la orden de 1 de abril, por la que “se convoca la concesión de subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados”.
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