"Nunca ha interesado que se sepa la verdad, pero lo cierto es que nos utilizaron como conejillos de indias”. José Soto entró con 18 años a trabajar en la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), y allí estuvo los 22 años en los que estuvo activa la primera industria que se abrió en España para la obtención de concentrado de óxido de uranio. Soto trabajó en el proceso químico de la fábrica, expuesto como el que más a las radiaciones, pero hoy, ya con 80 años, es uno de los 15 antiguos empleados que siguen vivos. El resto, hasta completar una plantilla de 126 trabajadores, han muerto de cáncer o de otras patologías asociadas. José Soto, que al cerrar la FUA impulsó la asociación de extrabajadores que él mismo preside, se desplazará hoy jueves hasta el Parlamento Andaluz para apoyar la Proposición no de Ley presentada por el grupo de Adelante Andalucía en la que se exige el reconocimiento como enfermedad profesional para estos empleados, que estuvieron más de dos décadas trabajando sin ninguna protección al uranio.
“Esperemos que esta vez logremos lo que llevamos reclanando 30 años, porque han sido muchas promesas y acuerdos incumplidos”, indicó ayer, un tanto escéptico, José Soto sobre una reivindicación que supondría la revalorización de las pensiones que ahora cobra y que apenas superan los 800 euros. De momento, tan sólo dos viudas de extrabajadores lograron en los Juzgados el reconocimiento de enfermedad profesional, pero la mayor parte de las demandas emprendidas en 2006 se desestimaron por los Juzgados de lo Social. “Toda la sociedad tiene una deuda con estos trabajadores, con los que todavía viven y con los que por desgracia ya no están, y también con sus familias”, señaló el parlamentario de Adelante Andalucía por Jaén José Luis Cano,que será el encargado de defender hoy la Proposición no de Ley para el reconocimiento de enfermedad profesional. Pero no es la primera vez que las reclamaciones de la plantilla se debaten en los órganos parlamentarios. En septiembre de 2005 cuando se acordó de forma unánime por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, buscar una solución a la problemática de los antiguos trabajadores de la FUA y de las viudas de los ya fallecidos. Y en febrero de 2006 se firmó el Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados de patologías derivadas de la utilización laboral del uranio.
La FUA estuvo abierta entre los años 1959 y 1981 gestionada por la extinta Junta de Energía Nuclear. Trataba mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio con una pureza del 80% al 90%, que, posteriormente, se transportaba en bidones a Francia o Estados Unidos para su utilización en los reactores de las centrales nucleares. El abogado de los ex trabajadores, Manuel Ángel Vázquez, informó en su día que, los empleados tenían en torno a 116 microgramos de uranio por litro, cuando el límite de seguridad estaba en 0,8 microgramos. Pero los trabajadores no eran conscientes del peligro que corrían, pues el dosímetro personal que portaban cada uno de ellos siempre estaba defectuoso. Así fue hasta que, una vez cerrada la fábrica, comprobaron cómo se enterró todo, desde las mesas y las sillas que ellos utilizaban hasta los árboles de los alrededores. La Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía advirtió de que había “una evidencia entre la exposición prolongada al polvo de uranio y una determinada constelación de patologías (tumores)” del personal.
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