La junta directiva de la Unidad de Gestión Vecinal, presidida por Alberto Castro, reclama al Ayuntamiento el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como suelo rústico y no como suelo urbano para los propietarios de las 5.000 viviendas ‘alegales’, tras la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de febrero de 2019, por la que “cualquier construcción en terreno rústico tiene la misma consideración que el terreno sobre el que está construido”.
Así lo aclara el vicepresidente y secretario de la Unidad de Gestión Vecinal, José Sánchez, que valoró como “relevante” la sentencia respecto a la contribución urbana que están pagando en la actualidad. “La contribución urbana da derecho a los contribuyentes a dotaciones básicas como luz, agua, alcantarillado, recogida de basura y transporte público, servicios de los que carecemos en casi todas las urbanizaciones afectadas”, apuntó Sánchez.
Estas viviendas, representadas por 17 asociaciones vecinales en el término municipal de Jaén, están consideradas como terreno rústico en el antiguo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996, que es el que sigue vigente. “El tipo de contribución que estamos pagando no se corresponde en función de la sentencia del Tribunal Supremo”, señaló José Sánchez.
Y es que la variación económica es importante. Los vecinos están pagando como suelo urbano residencial entre 400 y 500 euros anuales de IBI, cuando por suelo rústico sólo abonarían alrededor de 50 euros. “La diferencia del IBI que nos están cobrando como suelo urbano en lugar que como suelo rústico es un montante bastante importante. Reclamamos lo que nos pertenece como vecinos”, valoró Alberto Castro. La sentencia del Tribunal Supremo permitiría la reclamación del año en curso más la cuantía de los últimos cuatro años de IBI urbano residencial.
Arropados por las federaciones vecinales ‘Objetivos Comunes’ y ‘Ciudadanos por Jaén’, los vecinos afectados se reunieron por la tarde en el Teatro Darymelia para plantear con expertos jurídicos la hoja de ruta.
El primer paso es conocer qué postura va a tomar el Ayuntamiento y aclarar la presentación individual de reclamaciones, sin dejar en el olvido el compromiso municipal de regularizar las viviendas ‘alegales’. Desde la Unidad de Gestión Vecinal no descartan llevar a los juzgados al Ayuntamiento para exigir sus derechos.
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