De los cinco alumnos que iban al aula especial del colegio Cervantes de Dos Hermanas, tan sólo uno fue a clase al final de la pasada semana tras conocerse, por una grabadora introducida por sus padres en la mochila, el trato vejatorio dado a una niña autista de 7 años por varias de las profesoras del centro, un caso que ha conmocionado a todo el país. Es probable, por tanto, que otros padres, que gráficamente han declarado que pensaban que habían puesto a sus hijos en las mejores manos y que ahora se duelen por “haberlos llevado al matadero”, se sumen a la denuncia judicial presentada por los progenitores de la menor. El consejero de Educación ha anunciado su propósito de “repensar” el sistema para comprobar que “nuestros niños más vulnerables están con los mejores profesores”.
Evidentemente, se impone una revisión de todo, desde el proceso de selección de profesores para el ejercicio de unas funciones tan delicadas a las cautelas adoptadas para prevenir los tratos degradantes. Hace dos años otros padres denunciaron cómo en ese mismo colegio una profesora se burló de su hijo discapacitado. La solución administrativa consistió en cambiar al niño de colegio. Se atendió la consecuencia, pero no la causa, de ahí la repetición de la historia. No se trata de cambiar a los niños de sitio, sino de cambiar el sistema que ha propiciado la reiteración de esta vejación a los alumnos más indefensos.
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