El fin del impuesto de Sucesiones y Donaciones supuso la medida estrella del nuevo Ejecutivo andaluz, encabezado por Juanma Moreno. El ya pasado 11 de abril, en el Palacio de San Telmo, se anunció el entierro de un tributo que pasa a estar bonificado al 99% para los cónyuges y parientes directos. Pues bien, Sucesiones y Donaciones logró en 2017 unos ingresos superiores a los 364 millones de euros, de los que más de 78 millones se recaudaron en Sevilla.
Esta cantidad fue 17 millones inferior a la cosechada un año antes. Aun así, supuso el 21,5% de la recaudación de este impuesto en Andalucía y el 3% de los ingresos totales de la ciudad del Guadalquivir. Sea como fuere, en España, el déficit de recaudación fiscal que sufrimos en relación con la media de la UE constituye una merma de aproximadamente 80.000 millones anuales, lo que evidencia que tenemos un problema de ingresos que dificulta el mantenimiento del Estado social contemplado por nuestra Constitución.
Por ello, teniendo en cuenta las pretensiones de muchos partidos políticos en sus programas electorales para los comicios autonómicos y municipales, prescindir de una buena parte de los más de 2.500 millones que recauda este impuesto en nuestro país conllevaría irremediablemente la subida de otros tributos. Y ello podría agudizar los problemas de falta de equidad que ya sufre nuestro sistema. La OCDE, en su informe “Apuesta por el crecimiento”, de marzo del pasado ejercicio, señalaba que la mayoría de los países poseen un amplio margen para introducir reformas que puedan conciliar los objetivos de crecimiento e inclusión, principalmente incrementando los ingresos fiscales obtenidos mediante el impuesto de Sucesiones.
Asimismo, los técnicos de Hacienda coincidimos con la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica en lo que se refiere a la necesidad de mantener el impuesto por razones de justicia fiscal. En este sentido, Sucesiones y Donaciones se trata de una figura ampliamente respaldada por la literatura hacendística, fundamentalmente con argumentos de redistribución y moderación de la tendencia intergeneracional a la concentración de riqueza que existe en la mayoría de los países de nuestro entorno.
Así pues, no parece haber muchas razones para derogar el ISD con carácter general o para permitir su supresión en la práctica en ciertas comunidades y sí para introducir unos niveles mínimos de tributación que impidan que una posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición del tributo, al menos en las transmisiones de riqueza entre familiares directos. La competencia por atraer a las bases tributarias más móviles conduce a tipos inferiores a los deseables en determinados impuestos patrimoniales o, incluso, a la desaparición de figuras que cumplen una función redistributiva necesaria, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La solución ideal, pues, pasaría por una cierta armonización, en la línea apuntada por la Comisión de expertos de establecer unos mínimos por debajo de los que no podrían legislar las CCAA, manteniendo la corresponsabilidad fiscal con el margen que deberían tener para incrementar en mayor o menor medida dichos mínimos. De igual modo, sería conveniente establecer unas reglas generales para facilitar el pago del impuesto en situaciones de herencias con dificultades de liquidez, que pueden acarrear problemas para su liquidación, ampliando las posibilidades de aplazamientos y fraccionamientos ya contempladas en determinadas circunstancias.
Casi el 90% de los españoles piensa, según los últimos datos del CIS, que, en general, no pagan más impuestos quienes más ganan y tienen, y que el sistema fiscal no es justo. Su insuficiencia, además, se hace patente a la vista de los datos de Eurostat sobre presión fiscal en Europa. ¿Queremos hacer el sistema aún más insuficiente e injusto y pegarnos un tiro en el pie? Es el riesgo de no apostar por la tan necesaria reforma integral de nuestro sistema tributario, elaborada con el mayor consenso posible y de usar los impuestos como arma electoral.
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