Alrededor de medio millar de personas salieron ayer a la calle para gritar a favor de la educación pública. Colectivos, sindicatos, asociaciones, profesorado, madres, padres y alumnos se unieron para apoyar a los centros gaditanos que están sufriendo el cierre de líneas, como es el caso del IES Columela y el CEIP La Inmaculada. En estos días también se ha dado a conocer, además, un recorte de plazas en el IES San Severiano.
“En Cádiz capital vivimos una situación de emergencia, un verdadero desmantelamiento de la escuela pública: en los últimos años se han cerrado ocho centros, mientras que la enseñanza concertada acoge ya a más del 60% del alumnado”, tal y como exponía el manifiesto del que hicieron lectura al finalizar la marcha por el centro de la ciudad.
Desde la Junta de Personal del Profesorado No Universitario de Cádiz exigen a la Delegación de Educación de Cádiz y a la Consejería “que asuman su responsabilidad como garantes de la Educación Pública, pues son los verdaderos culpables del desmantelamiento que sufre en nuestra provincia”, además de que se modifiquen las normativas de escolarización “y se revisen los conciertos con la privada ya, sin esperar a los cuatro años que restan por el acuerdo firmado”.
También requieren a la Administración “una verdadera planificación que no se centre en criterios economicistas, sino por el contrario, en criterios de inversión social que tengan en cuenta la obtención de una Educación Pública de calidad para todos y todas”.
Por su parte, la Delegación Territorial de Cádiz aduce criterios de “buena gestión y rentabilidad” de los recursos públicos, obviando cuáles deberían ser, a juicio de los organizaciones, “los verdaderos criterios, como avanzar en una Educación de Calidad para todos y todas, que es lo que el profesorado y las familias demandamos, y utilizar la caída de la natalidad y la demografía para invertir en una mejor atención del alumnado de la Enseñanza Pública”. Estas mejoras consistirían en reducir la ratio, dedicar horas del profesorado a apoyos educativos o a la atención que requiere el alumnado de necesidades educativas especiales entre otros.
Esta situación, con cierre de líneas e incluso de centros, lleva varios años repitiéndose debido a la bajada de natalidad, en parte provocada por la crisis y la precariedad laboral. A ello hay que sumarle las últimas políticas llevadas a cabo desde el anterior Gobierno central que han pretendido dejar de lado lo público y derivar servicios básicos, como la educación o la sanidad, hacia lo privado.
“La administración parece olvidar que son gestores de lo público, que solo piensan en la educación concertada y no en la que realmente deben sentir como suya”, apuntaba María Jesús de León, presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario. La presidenta de la Flampa, Marián Gil, ya señaló que van a interponer un recurso a la Junta de Andalucía y estudiarán medidas legales.
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