La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) condena la agresión sufrida por un médico del servicio provincial de 061 de Sevilla el pasado miércoles durante el desempeño de su labor y muestra su más enérgica repulsa a esta clase de actos.
Ante esta agresión se puso en marcha el procedimiento establecido para estos casos y se ha facilitado el asesoramiento legal al profesional afectado para la puesta en marcha de las actuaciones legales por medio del gabinete jurídico de la empresa, así como el ofrecimiento de apoyo psicológico individual por un experto en esta materia.
La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
Nuevo Plan de Agresiones
La Consejería de Salud y Familias está trabajando en la elaboración de un nuevo Plan de Agresiones que incorporará mejoras al ya existente. Entre otras medidas, se plantea habilitar canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después que se produzca. De esta forma, se ofrecerá apoyo desde el primer momento y se facilitará la aplicación de las medidas contempladas.
Para la elaboración de este Plan se ha constituido la mesa de trabajo para la prevención de agresiones a sanitarios formada por miembros de la Consejería, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, interlocutores policiales sanitarios y la asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de Andalucía.
Entre otras actuaciones, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria. Otra de las medidas es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.
Una novedad más será la adopción de medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a realizar exigencias que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Además, es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión.
La formación a los profesionales cobrará especial importancia y tendrá una doble vertiente. Por un lado, se diseñarán talleres y actividades incluidas en los planes de formación de los centros en los que los profesionales aprenderán a controlar situaciones conflictivas; por otro, recibirán formación sobre qué hacer cuando se produce una agresión.
Dentro de las líneas del Plan de Prevención y Atención de Agresiones se incluye un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que incluye la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los Servicios Jurídicos.
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