El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, tras presentar este lunes la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2018, en relación con la provincia cordobesa, ha llegado a la conclusión de que "hacen falta jueces" y también "otra distribución" de la carga judicial.
A este respecto y en rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, Sánchez Zamorano ha señalado que, además de nuevos jueces que refuercen la plantilla existente, también es preciso aprovechar los recursos de los que ya se dispone, en este caso mediante cambios en la "distribución", pues "un juzgado de Primera Instancia podría estar servido por 15 jueces, y dentro de esos jueces distribuirse por materias".
De esta forma, el presidente de la Audiencia de Córdoba ha aludido a situaciones como la del Juzgado de Primera Instancia de Córdoba ocupado de los casos referidos a las cláusulas suelo de las hipotecas, que ha sufrido una sobrecarga "tremenda", pues en este ámbito durante el pasado año se registraron un total de 4.681 asuntos, de los que se han resuelto 1.229.
En este sentido, la propuesta de Sánchez Zamorano, según ha explicado, a modo de ejemplo, podría conllevar que hubiera "tres o dos jueces que llevan arrendamientos", y otros ocuparse de otros asuntos, siendo el objetivo final el de "optimizar todos los recursos humanos" disponibles.
Ello se referiría, según ha precisado el presidente de la Audiencia, "tanto a los jueces, como a los letrados de la Administración de Justicia, como a los funcionarios" judiciales, para responder así más eficazmente al incremento de asuntos que corresponden a la jurisdicción civil.
De hecho, la memoria del TSJA precisa que en la Audiencia de Córdoba en 2018 se han registrado un total de 1.803 asuntos en materia civil, lo que supone un nueve por ciento superior al número correspondiente a 2017, mientras que el año pasado se resolvieron 1.307 asuntos en dicha jurisdicción civil, es decir, un número similar al de 2017, pero la pendencia civil a final de año ha aumentado su valor, como consecuencia de haber resuelto menos asuntos de los ingresados.
Por otro lado, Sánchez Zamorado ha aludido a la situación de las infraestructuras judiciales, resaltando el avance que supuso la puesta en marcha efectiva el pasado año de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, mientras que aún se registran deficiencias en los juzgados de Aguilar, en cuanto al suministro eléctrico, telefonía e Internet, y en los de Lucena, si bien en éste último caso está prevista la construcción de una nueva Ciudad de la Justicia por la Junta de Andalucía, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento lucentino.
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