La Fiscalía Anticorrupción pide la pena de tres años y medio de prisión para Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, acusado de un delito de malversación en una pieza separada del caso de la empresa pública de gestión de capital de riesgo Invercaria, donde González Mejías ejerció de ex director de Promoción.
Según ha adelantado 'Diario de Sevilla', y tal como han indicado fuentes próximas al caso a Europa Press, la Fiscalía especial para delitos contra la corrupción solicita seis años de prisión para el ex presidente y ex consejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y para el ex director financiero Antonio Garrido. Igualmente, Anticorrupción reclama tres años y medio para el también ex director de Promoción Cristóbal Cantos.
Cabe recordar que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, el magistrado Juan Gutiérrez, ordenó la apertura, en un auto del 29 de marzo, de juicio contra los cuatros investigados por un presunto delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal.
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez considera que "existen indicios racionales de la concurrencia y presupuestos, al menos indiciariamente", de ambos delitos, y centrándose en el delito de malversación precisa que "existen indicios racionales claros" del mismo "al existir disposiciones de fondos públicos a los que tenían acceso" los cuatro investigados en su relación laboral con Invercaria, "prevaliéndose de las facultades que ostentaban en los cargos que ocupaban para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público y en orden a obtener un lucro ilícito e indebido".
De esta manera, explica en el auto que esta pieza separada procede del ramo principal y se abrió "por las actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos en dicha entidad, actuaciones que supusieron" la "disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados".
De este modo, señala que, como consejero delegado de Invercaria, Pérez-Sauquillo "asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo", de forma que "decidía qué personas eran contratadas para trabajar en la entidad Invercaria, así como los sueldos".
Según indica el instructor, "esta decisión la adoptaba Pérez-Sauquillo sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido y por su propia voluntad". Así, apunta que "nunca recabó el preceptivo informe previo de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda ni respetó los límites salariales que le imponían las distintas leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma".
"Prevaliéndose de sus facultades como consejero delegado de Invercaria, Pérez-Sauquillo, en los años 2007 a 2009, decidió incrementar las retribuciones que iba a percibir personalmente de Invercaria y ello con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos de Invercaria" y "sin que existiera causa justificada" de dichas subidas salariales, asevera el juez.
PRÉSTAMOS PERSONALES
De igual modo, el magistrado manifiesta que el 1 de noviembre de 2005 Cristóbal Cantos suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria a fin de que ostentara el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a Cantos un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en sin intereses en 60 mensualidades mediante un descuento en la nómina. Según el auto, a la fecha de la extinción de la relación laboral, el investigado "tenía pendiente de devolver a Invercaria 17.962,53 euros".
El juez asevera que el expresidente y el exdirector financiero de esta sociedad de capital riesgo, "manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo personal", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria". El instructor considera que estos tres investigados "eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía todavía adeudada".
A continuación, el magistrado señala que el 1 de julio de 2005 Juan María González suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria para desempeñar el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar en Invercaria, ésta, "a petición" de este investigado, "se subrogó en el préstamo personal que la agencia IDEA le había hecho a González durante el tiempo que desarrolló su trabajo para la referida agencia".
Así, se trata de una operación con la que el sobrino del expresidente del Gobierno "pasó a contraer una deuda con Invercaria" por 17.468,75 euros "en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador de Invercaria".
El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral de González con Invercaria, "tenía pendiente de devolver 27.406,25 euros de los que Invercaria le había prestado", y señala que el expresidente y el exdirector financiero de la sociedad pública "decidieron condonarle esa cantidad pendiente de devolución", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido con esos fondos públicos en perjuicio para el patrimonio de Invercaria", siendo estos tres investigados "conscientes y sabedores de la manifiesta irregularidad de esta condonación".
Para finalizar, el instructor manifiesta que el 31 de mayo de 2010 este último investigado fue nombrado consejero delegado de Invercaria y, al día siguiente, "concertó con Invercaria la concesión de un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en 60 meses mediante detracciones de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador", pero a la fecha del cese de la relación laboral "tenía pendiente de devolver 29.000 euros" que "no devolvió" en ese momento "con el consentimiento" del director financiero. Finalmente, el investigado repuso dicha cantidad en marzo de 2012.
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