L a ley 13/2005 de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo estableció en Andalucía el derecho de compra preferente por parte de empresas públicas sobre toda vivienda de protección oficial (VPO) que se construyera en nuestra comunidad autónoma. En síntesis, cada vez que el propietario de una VPO la pone en venta en Sevilla capital la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa) tiene el derecho de hacer la primera oferta, o de igualar si existe una previa, para adjudicársela (los precios máximos están regulados por ley) y poder ampliar así el parque público de viviendas. Esta potestad no había sido ejercida por Emvisesa desde hacía al menos un decenio, hasta que la Comisión Ejecutiva de la misma decidió recuperarla el pasado año y dotarse de un partida de un millón de euros para aprovechar las oportunidades que se le presentaran.
Gracias a esta previsión la empresa municipal ha podido disponer en lo que va de año de medio millón de euros para la adquisición mediante este derecho de tanteo y retracto de once pisos protegidos, con los que amplía su oferta para los demandantes de viviendas (hay inscritos casi doce mil) que carecen de recursos para acceder al mercado libre. Es un ejemplo más de cómo paso a paso se ha ido recuperando con el gobierno dirigido por Espadas la política municipal de vivienda, desaparecida prácticamente en mandatos anteriores.
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