La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) ha pedido al Gobierno andaluz que dote de financiación suficiente la futura ley de bioclimatización de los centros educativos para hacerla una realidad "más allá del papel".
El colectivo, que aglutina más de 2.700 AMPA andaluzas, ha celebrado la decisión de dar luz verde a esta iniciativa y ha instado al Gobierno andaluz a rectificar para no incluir en el plan los 600 colegios privados concertados de la comunidad para ceñirse así a lo aprobado por mayoría parlamentaria la pasada legislatura.
La Codapa ha lamentado que se pretenda dar cobertura a todos los centros "sostenidos con fondos públicos", tal y como anunció el pasado 9 de abril el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo.
Este matiz introducido por el nuevo gobierno supone incluir a los privados concertados de la comunidad, cuando apenas se ha comenzado a adecuar los centros públicos y el trabajo por delante en esta materia "es enorme y el presupuesto destinado, exiguo", ha advertido el movimiento de AMPA, totalmente en desacuerdo con que se financie con fondos públicos la climatización de instalaciones privadas.
Las familias de la escuela pública han recordado además que el proyecto de ley que recibió el visto bueno de la mayoría parlamentaria durante la anterior legislatura se limitaba exclusivamente a los más de 6.000 centros educativos públicos existentes en Andalucía.
"Al margen de este aspecto, que esperamos se corrija, aplaudimos que salga adelante esta ley porque ha sido una lucha de Escuelas de Calor, de las AMPA de Sevilla y Córdoba, de las federaciones provinciales y de la confederación andaluza, que en los últimos años hemos denunciado las pésimas condiciones en las que el profesorado y el alumnado impartían y recibían sus clases por exceso de calor o de frío", ha indicado en un comunicado.
La futura normativa propone el uso de técnicas bioclimáticas y de energías renovables para propiciar un ambiente confortable y saludable en las aulas.
La proposición de Ley también tiene como finalidad limitar el gasto energético en electricidad y combustibles fósiles y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.
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