La iniciativa que salió adelante, con el apoyo de PSOE e IU, insta a la Junta a establecer una regulación en materia de retribuciones de los directivos y altos cargos de las empresas publicas, sociedades mercantiles y resto de entidades previstas en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2009.
Tampoco respaldó el PP le petición al Gobierno de dar continuidad a las medidas de austeridad y contención del gasto puestas en marcha por la administración autonómica, así como a implementar nuevas acciones con este mismo objetivo, mientras sí contó con el apoyo de los populares los dos apartados que instaban al Gobierno andaluz a congelar los sueldos de los altos cargos de la Junta y las retribuciones de los diputados autonómicos, así como a elaborar un Presupuesto para la comunidad en 2010 caracterizado por la austeridad pero que, a la vez, permita continuar desarrollando políticas sociales, educativas y medidas económicas tendentes a acelerar la recuperación económica.
La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, justificó la abstención de su grupo en que es una iniciativa “flojita y estéril”, que sólo se limita a pedir una regulación pero nada más, porque los socialistas tienen en las empresas públicas el “escondite” de lo que realmente representan y “a los socialistas a los que tienen que colocar”, por lo que “no quieren meter la tijera”.
Además, Oña criticó que los socialistas se hayan negado a aprobar ninguna de las enmiendas presentadas por los populares para que ningún trabajador público, tanto del gobierno regional como de los distintos municipios andaluces o de las empresas públicas gane más que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
El diputado del PSOE-A Rafael Velasco, encargado de defender la iniciativa, criticó que el PP-A pida una cosa en el Parlamento y haga otra en sus ayuntamientos, algo que ejemplificó con el de Málaga, donde su alcalde Francisco de la Torre y sus concejales populares habían rechazado una propuesta del PSOE para congelar los sueldos municipales.
“El presidente del PP-A, Javier Arenas, no manda ni en su partido”, afirmó Velasco para recordar que el PSOE-A congelará por segundo año consecutivo los sueldos de sus alcaldes, concejales, diputados y altos cargos de las instituciones gobernadas por los socialistas.
Una regulación que es "una calderilla"
Por su parte, el diputado de IU, Pedro Vaquero, acusó a los socialistas de presentar una iniciativa fruto de la demagogia y que pretende realizar unos recortes que supondrán “pura calderilla”. “Hay que ir al fondo de la cuestión, lo que supone limitar el sueldo de los altos cargos de las empresas privadas. Lo demás es cinismo, hipocresía y una liebre de trapo”, agregó.
Asimismo, Vaquero, que consideró “claramente insuficiente” las medidas propuestas por los socialistas, aseguró que éstos intentan sacar rentabilidad política con esta iniciativa. “Eso a nadie se le escapa”, sostuvo el diputado, quien añadió que su grupo se teme que “cuando se quiere recortar los salarios públicos es posible que también se busque recortar el sueldo de los trabajadores, algo que no vamos a permitir”.
En su turno de réplica, el diputado del PSOE afirmó que su formación no va a “caer en la trampa” de aceptar la enmienda del PP que obliga a reducir los salarios de cualquier empresa privada con participación de la Junta. “Nosotros instamos al Gobierno a que haga una propuesta de regulación de los sueldos en las empresas públicas y dentro de unos meses, cuando ya esté lista, ya nos dicen si están de acuerdo o no”, indicó Velasco, quien aseguró que el PP tiene una “obsesión” con el suelo del director general de la RTVA, “cuando el de Telemadrid cobra el doble”.
De hecho, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, anunciaba en otro momento de la sesión plenaria que su departamento está “trabajando en el establecimiento de un nuevo marco regulador”, aunque advirtió de que hay que tener en cuenta la heterogeneidad que se desprende de la realidad de las empresas públicas, de las funciones que tienen encomendadas, y sin obviar que en este marco han de integrarse tanto empresas que operan en condiciones de mercado como aquellas que son consideradas como un medio propio de la administración.
Añadía, en una interpelación también con Esperanza Oña, que “si algo caracteriza a las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía es su moderación y contención, su transparencia y su estricto régimen de incompatibilidades” y recordó que la partida destinada a altos cargos supone el 0,06 por ciento del total del presupuesto.
Según Martínez Aguayo, como media, cada alto cargo cobra en Andalucía unos 61.728 euros, cifra que está “muy por debajo” de las retribuciones en otras comunidades autónomas, además de estar sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, que garantiza que éstos sean los únicos ingresos profesionales que perciben
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