Andalucía cuenta con 152 sedes judiciales, el 40,13% de las cuales están en edificios alquilados, lo que supone un coste anual de 25,2 millones de euros. Así que uno de los principales objetivos que se ha marcado la Consejería de Justicia es reducir lo que se gasta en estos alquileres, un coste que por cierto ha aumentado casi un 18% en los últimos años. Eso sí, más de 10 millones de esos 25,2 son por el arrendamiento con derecho a compra de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que acabará siendo propiedad de la Junta dentro de más de una década.
Los datos los ha puesto encima de la mesa el consejero de Justicia, Juan Marín, quien reconocía en el Parlamento que la situación es “deficiente en muchos aspectos” y que anunciaba sus tres prioridades durante esta legislatura: reducir los alquileres, evitar la dispersión de las sedes judiciales y trabajar en la mejora de las mismas, porque aquí los datos no son precisamente tranquilizadores. Y es que, de las 152 sedes, 85 están en buen estado, un 30% requieren reformas parciales y 22 “necesitan una actuación urgente o mayor o alguna otra alternativa”.
Los objetivos que se marca Marín se concretan en dos cifras. Por un lado, reducir entre un 15 y un 17% esta legislatura lo que se gasta en arrendamientos, una cifra que se dispararía hasta el 30% si se consiguiese el empeño de poner en marcha la Ciudad de la Justicia de Sevilla; por otro, disminuir un 20% el número de sedes.
Para ello, el consejero ha anunciado “un mejor diseño del mapa judicial para evitar la dispersión” y el diseño de una hoja de ruta para “solventar muchos de estos problemas”. Asimismo ha señalado que se trabaja en un inventario con la situación de las sedes para así conocer su estado, una cuestión en la que ha vuelto a incidir en los alquileres porque su reducción no sólo significa “incorporar al patrimonio de la Junta de nuevos edificios”, sino que también permitirá mejorar el mantenimiento. Y es que “ahora ahora uno de los problemas que nos encontramos para las obras es que requerimos autorización de los propietarios”, lo que ralentiza los tiempos.
En la comisión parlamentaria en la que se han expuesto estos datos el principal choque se ha producido con la portavoz socialista y exconsejera de Justicia, Rosa Aguilar, quien le ha reprochado a Marín que el diagnóstico anunciado ya está hecho y que asimismo se cerró un plan de infraestructuras 2019-2026. “Ya estaba todo diagnosticado y planificado”, así que ha concluido que lo que busca es “apropiarse indebidamente de lo que el Gobierno socialista había hecho y presentarlo como propio”.
Marín ha replicado que los gobiernos socialistas han tenido 22 años para tomar medidas que no han adoptado, ya que Andalucía recibió las transferencias judiciales en 1997. De paso, le ha reprochado a Aguilar que han dejado redactados 16 proyectos de sedes judiciales “que no se han ejecutado”, algunos de ellos pese a que están previstos en suelos propiedad de la propia Junta.
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