La Consejería de Salud, cuya Delegación en Sevilla decidió en 2011 sacar a concurso los servicios funerarios de los hospitales públicos de la capital y provincia, no sólo no cuestiona la forma en la que se está desarrollando este servicio sino que pretende extenderlo al resto de las provincias andaluzas, a pesar de las críticas del sector y de los afectados ante la falta de competencia y los precios excesivos de la adjudicataria, que pueden llegar a costar hasta 7.000 euros.
Nadie va a mover a su ser querido de allí si ya se ha llamado a 30 familiaresFuentes de la Consejería de Salud consultadas por Viva han asegurado que “la situación de Sevilla se está analizando, y estudiando cómo hacer para que todas las provincias tengan servicios similares. Habrá que definir con qué criterios para ofrecer el mejor servicio”.
La reacción de Salud ha sido muy criticada por el sector funerario, que incluso cuestiona que sean necesarios este tipo de concursos, puesto que el beneficio sólo se traduce en ahorro de personal público pero no para las familias, que en la práctica ven mermada su libertad para elegir el servicio, encareciendo los costes de las defunciones, que si se garantizara la libre competencia podrían ser más asequibles ante la enorme competencia que existe en la actualidad.
Además, las empresas del sector critican duramente las prácticas abusivas que se están dando en los hospitales sevillanos por parte de la adjudicataria, que incluso ha llegado a entrar en las habitaciones de los fallecidos con “batas blancas y fonendos”, confundiendo más aún a los familiares, mientras son los propios servicios administrativos de los centros hospitalarios los que no permiten a otras empresas acceder hasta los familiares para ofrecerles sus servicios.
El contrato
En el año 2011, el Servicio Andaluz de Salud sacó a licitación y adjudicó la “explotación de servicios del mortuorio de los centros agrupados en la plataforma provincial de contratación administrativa de Sevilla”, que comprende los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Virgen de Valme y el área de gestión sanitaria de Osuna, que da servicio a más de un millón y medio de sevillanos. En la actualidad, el 75 por ciento de los fallecimientos en la provincia de Sevilla se registran en los centros hospitalarios públicos.
El contrato incluía la ubicación, en todos los centros hospitalarios, de una sala en la que las diferentes empresas del sector funerario pudieran ofrecer sus servicios a los usuarios y éstos tener acceso a una información “visible y en tres idiomas (inglés, español y alemán)” sobre los precios.
Este aspecto, según denuncian las empresas del sector, no se está cumpliendo y no sólo Mémora no ofrece a los familiares las tarifas de sus servicios, sino que se impide al resto de funerarias que sus servicios lleguen a los allegados del finado. Tampoco se facilita que los familiares tomen distancia del fatal desenlace y puedan decidir objetivamente, puesto que el traslado inmediato desde la habitación al Tanatorio de la SE-30 les sitúa en una “posición abusiva”.
“Nadie va a mover a su ser querido de allí si ya se ha llamado a 30 familiares”, ejemplifican, lamentando que en la mayoría de las ocasiones “nadie se cuestiona lo que cuesta el servicio”, a pesar de que existen comparadores en internet y que con una simple búsqueda en Sevilla capital se pueden encontrar ofertas de un servicio básico para una defunción de 1.200 euros más IVA.
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