La Comisión Europea está "preocupada" por el uso en España de datos personales con fines electorales al amparo de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) y así se lo ha trasladado a las autoridades nacionales, si bien esperará a tomar más medidas hasta ver de qué modo se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre el asunto.
Así lo ha comunicado este lunes un funcionario europeo a la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (LIBE) en su respuesta a la eurodiputada liberal holandesa Sophia in 't Veld, que ha denunciado el riesgo de uso indebido de información sobre usuarios de cara a las elecciones generales que se celebran en España el 28 de abril y de las europeas de mayo.
El representante del Ejecutivo comunitario ha revelado que la comisaria de Justicia, Vera Jourova, trasladó por carta su preocupación al Ministerio de Justicia y a las autoridades nacionales responsables de la protección de datos, por lo que Bruselas ha tomado la iniciativa a nivel "político" y "administrativo".
En el marco de estos contactos, las autoridades nacionales reaccionaron emitiendo una "circular" para aclarar el modo en que se debe aplicar la normativa y asegurar que se ponen en práctica las salvaguardas necesarias para evitar que se vulneren los derechos de los ciudadanos, según ha indicado el portavoz comunitario.
En este sentido, también ha dicho que los servicios de la Comisión "tienen dudas y comparten la preocupación" por el artículo 58 bis de la LOREG pero que, tras iniciar el proceso para buscar soluciones con España, ahora Bruselas debe "esperar" porque el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso presentado por el Defensor del Pueblo sobre esta ley.
"Estamos a la espera de la sentencia sobre este caso y a continuación actuaremos. La autoridad española es plenamente consciente de nuestra preocupación, pero al estar el caso en el Tribunal no podemos actuar", ha explicado el funcionario europeo.
Así las cosas, la eurodiputada que ha llevado la discusión a la Eurocámara ha criticado que Bruselas no tome medidas más contundentes pese a admitir su preocupación, cuando existe un riesgo de "manipulación" sobre el electorado a apenas tres semanas de que se celebren elecciones generales en España.
ARTÍCULO POLÉMICO
El polémico artículo 58 bis establece que "la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas".
Asimismo, añade que "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".
El Defensor del Pueblo considera en su recurso que este precepto vulnera el artículo 16 de la Constitución por el que "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".
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