Córdoba

La Comisión contra la Violencia de Género espera "cerrar rendijas"

Concretando algunos detalles con "el objetivo de cerrar rendijas por las que puedan colarse situaciones inadecuadas o supuestos que merezcan una respuesta"

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  • Comisión. -

La Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género en Córdoba ha celebrado este lunes su primera reunión concretando algunos detalles con "el objetivo de cerrar rendijas por las que puedan colarse situaciones inadecuadas o supuestos que merezcan una respuesta y se escapen de ella", con la presencia de representantes de las administraciones e instituciones del ámbito local y provincial implicadas en la lucha contra esta lacra social.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha informado de que se va a tratar que "el abogado que asista a los detenidos por violencia de género lo sea exclusivamente para el Juzgado de Violencia de Género, no que simultanee los detenidos del juzgado de guardia genéricos, con los detenidos específicos de la violencia de género".

Asimismo, se aborda que "los atestados se trasladen vía Lexnet desde la Policía Local"; que "los atestados estén elaborados a primera hora de la mañana en los que haya detenidos por violencia de género para se produzca una mayor coordinación y eficacia en la respuesta que se dé por parte de los juzgados".

Igualmente, ha apuntado a "la necesidad de comunicar a través del juzgado de guardia al médico forense de las mujeres que hay citadas al objeto de ser examinadas y la necesidad, conveniencia y recomendación a las mismas de que acudan al examen del médico forense provistas de todo tipo de documentación médica para hacer una valoración más completa por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses", junto con el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA).

Entre los retos a largo plazo, se marcan "conseguir una minoración drástica de las víctimas mortales que hay todos los años, con una cifra negra que no suele bajarse de los 50 desde que hay registros", ha aseverado el magistrado, quien ha recordado que "la ley integral de violencia de género es del año 2004", pero "las cifras por desgracia son una frustración para todas las administraciones y ciudadanos", ha lamentado.

En este sentido, confían en "hacer que la lucha contra esta lacra social sea mucho más contundente, respetando siempre los derechos de las personas, tanto de víctimas, como de autores", al tiempo que ha comentado que los niños son "las víctimas colaterales y muchas veces directas", de manera que "también se les tiene en cuenta y hay medidas, pero hay que perfeccionarlas cada vez más, con los protocolos y todas las situaciones a seguir".

"PERSEVERAR CON LA LEY"

Preguntado por si es un fracaso la Ley de Violencia, el presidente de la Audiencia ha dicho que "los resultados no son todo lo deseable" que quisieran, pero "hay que perseverar con la ley, las medidas penales, educativas, sociales y asistenciales". Ha agregado que "es un cúmulo y un ataque multidisciplinar contra esta lacra social, que no se puede hacer solo con el derecho penal, que es necesario, pero insuficiente".

Tras esta primera reunión, la idea es celebrar tres reuniones al año, aunque ello "no quiere decir que se pueda constituir con urgencia cuando las necesidades lo requieran por la toma de algún acuerdo o la disfunción de alguna corrección que se pueda presentar en el funcionamiento de la lucha contra la violencia de género en las diversas administraciones e instituciones implicadas", según ha precisado Sánchez Zamorano.

Cabe señalar que la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género es un órgano cuya creación fue aprobada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la propuesta planteada en las XVIII Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales de España celebradas en el mes de abril de 2018 en Córdoba.

Está constituida por representantes de los juzgados y Fiscalía especializados en violencia de género, abogacía, procuradores, letrados de Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Gobierno central, administración local y provincial y la Junta de Andalucía, entre otras instituciones.

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