La periodista filipina Maria Ressa, una de las mayores críticas del presidente de su país, Rodrigo Duterte, fue detenida hoy por segunda vez a su llegada al aeropuerto de Manila, acusada de violar las leyes de nacionalización de los medios.
"Me gustaría pagar la fianza, me han entregado la orden de arresto", señaló Ressa a la prensa en el aeropuerto mientras dos agentes de policía la escoltaban hasta el furgón policial, según se ve en un vídeo publicado en Rappler, el medio digital que dirige.
Ressa, elegida persona del año por la revista Time en 2018, dijo que quería ir al juzgado de Pasig -distrito de Manila donde se ubica la redacción de Rappler- para pagar la fianza fijada en 90.000 pesos (1.500 euros o 1.700 dólares), por lo que previsiblemente quedará en libertad en las próximas horas.
El fiscal del tribunal de Pasig presentó cargos esta semana contra los siete filipinos que integraban el consejo de dirección del medio en 2016, entre ellos Ressa, la actual editora jefe Glenda Gloria o Manuel Ayala.
El resto de imputados son James Bitanga, Nico Jose Nolledo, James Velasquez y Felicia Atienza, que ya no forman parte del consejo de dirección.
Todos ellos pagaron el miércoles la fianza para evitar su detención a la espera del juicio, cuya primera vista oral será el 10 de abril, excepto Ressa que se encontraba de viaje fuera de Filipinas.
Ressa ya pasó una noche detenida en febrero por un dudoso caso de difamación cibernética y afronta desde el año pasado cinco demandas por evasión de impuestos, cuatro como titular del medio y una a nivel personal.
Con la de hoy, sería la séptima fianza que Ressa paga para quedar en libertad a la espera de ser juzgada por todos esos delitos, que ella achaca a una persecución política para silenciar el medio que dirige y castigarlos por sus reportajes críticos con Duterte, en particular su guerra contra las drogas.
El mandatario no ha ocultado su animadversión hacia Rappler, medio que ha vetado en el palacio presidencial y al que ha acusado incluso de estar financiado por la CIA.
En este nuevo caso, Ressa y los otros seis imputados están acusados de violar el requisito constitucional de que los medios de comunicación sean cien por cien filipinos y el Código de Regulación de Valores (CRV), que prohíbe a extranjeros intervenir en la administración de actividades nacionalizadas, como la prensa.
Los cargos están relacionados con la decisión tomada por la Comisión de Valores y Cambio (SEC en siglas en inglés) en enero de 2018 de revocar la licencia de Rappler por violar esa norma.
El medio recibió financiación de Omidyar Network, un fondo creado por el empresario estadounidense Pierre Omidyar, fundador y presidente del sitio de subastas eBay.
Rappler recurrió el caso ante el Tribunal de Apelaciones, que le permitió seguir operando y le dio un "tiempo razonable" para solucionar esa situación, aunque dio la razón al SEC.
Omidyar renunció entonces a sus participaciones en la empresa, valoradas en 1,5 millones de dólares, y las donó a los 14 directivos filipinos del medio, con lo que Rappler consideró el asunto zanjado.
Desde el portal han reiterado que, a pesar de haber recibido financiación extranjera, "el control y la propiedad del medio siempre fueron cien por cien filipinos", como establece la Constitución.
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