Tanto la consejera de Educación, Mar Moreno, como el titular de Empleo, Antonio Fernández, quisieron destacar el “cambio sustancial” que se busca con estos decretos que, por un lado, unifica la formación que se ofrece a desempleados y activos pero dotándola de una cualificación que los haga convalidables con la FP reglada y, por otro, abre la posibilidad de que esta formación específica se imparta en centros educativos públicos y utilicen los recursos existentes para ello.
Según Mar Moreno, con estos dos decretos se pretende “romper la barrera entre la formación ocupacional y la reglada” con el objetivo de ofrecer una FP “más flexible, avanzada y adaptada al mercado laboral”, de forma que cada persona pueda configurarse un “traje formativo a medida” a partir del reconocimiento de los títulos que va adquiriendo al ser convalidables con módulos o especialidades que se ofertan en la formación profesional reglada.
El primer paso de este nuevo modelo, que tendrá una implantación progresiva, comenzará como experiencia piloto en cuatro centros integrados de FP (San Fernando, Granada, Encinas Reales y Linares) que impartirán de forma unificada la FP reglada y la FP para el Empleo, destinada a desempleados y activos.
Los cursos los decidirá la Junta según la necesidad laboral
En cuanto al decreto de unificación de la formación ocupacional, ahora denominada FP para el Empleo, Fernández quiso destacar novedades. La primera de ellas se refiere a la propia oferta de los cursos, ya que será la propia Administración la que realizará una oferta pública cada tres o cuatro meses de la formación que se necesita en función de las necesidades laborales detectadas por el Observatorio Laboral de la Junta con el objetivo de aprovechar los yacimientos de empleo.
“La oferta irá adecuándose al mercado de trabajo, la formación se ejecuta en función de la demanda y los agentes serán ejecutores de una oferta pública”, sentenciaba Fernández, que explicaba que se aplicará como modelo el sistema de especialidades utilizado para el Plan Memta.
La segunda de las novedades es la introducción de certificados de profesionalidad para la formación impartida en la FP para el Empleo y que podrá ser convalidada en la FP reglada e incluso ser puente para acceder a la universidad, lo que garantizará una mejor cualificación de los formados.
Según las previsiones de la Junta y sin contar los estudiantes de la FP reglada, el nuevo modelo beneficiará a 90.800 desempleados y 38.900 en activos que siguen cursos de formación y en los que se invertirán a lo largo de 2009 más de 300 millones de euros.
Fernández hizo hincapié en la “optimización de recursos públicos dedicados a la FP” que se conseguirá con estos decretos, garantizando el derecho a una formación permanente.
Los sindicatos valoran la filosofía
Los sindicatos CCOO y UGT valoraron ayer la "idea y filosofía" del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno sobre la Formación Profesional para el Empleo, aunque advirtieron de que no quieren "que sólo sea un experiencia piloto, sino una apuesta de futuro para mejorar la capacitación del sistema educativo".
Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, la aprobación de este decreto es "un paso importante" que supondrá "optimizar al máximo los recursos y las inversiones" porque, a partir de ahora, "los centros públicos van a poder impartir formación profesional reglada, formación ocupacional y formación para empleados en activo".
Asimismo, Blanco indicó que la aprobación de este decreto "significa que se combina a la gente que entra en el sistema educativo con aquellos trabajadores que han perdido sus empleos y que se reincorporan de nuevo al sistema y con aquellos que quieren mejorar su situación profesional actuar invirtiendo en más formación".
Con ello, según aseguró el secretario general de FETE-UGT-A, Juan Carlos Hidalgo, "se podrán aprovechar las dinámicas para repartir mejor los recursos", aunque admitió que "aún" tienen que "sentarse a leer bien el decreto y ver cuántos centros integrados se van a crear y cómo se organizarán las enseñanzas".
Finalmente, Hidalgo advirtió de que los centros integrados "podrían ser insuficientes" y exigió que éstos "no se conviertan nunca, en la suma sin más de la formación reglada y de la formación para el empleo".
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