El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha cifrado este jueves ante el Pleno del Parlamento en más de 32.000 las personas extranjeras residentes en la comunidad y "no registradas ni autorizadas" y que están sujetas a la atención sanitaria.
Moreno, que ha respondido ante el Pleno a una pregunta de Vox sobre política migratoria, ha apuntado que esa cifra es la actualmente disponible tras las modificaciones del Gobierno central de julio de 2018, pero "no es definitiva" y la Junta está trabajando en ella.
El presidente ha manifestado que la política migratoria es de las políticas más complejas a las que tienen que hacer frente las sociedades occidentales y en todos los países de nuestro entorno buscan formulas para paliar esa situación. Ha apuntado que es comprensible que haya personas que quieran buscar una vida mejor para ellos y sus hijos.
Esta situación obliga, a su juicio, a una estricta y rigurosa colaboración de todos los países de nuestro entorno y ha recordado que son los estados los que tienen la competencia exclusiva del control de sus fronteras.
Para Moreno, desde el Gobierno central se tiene que desarrollar una política de inmigración "ordenada, regulada, que trabaje en origen y luche contra las mafias". Ha indicado que todas las comunidades deben trabajar en la misma dirección, bajo una política coordinada y liderada por el Gobierno central.
El presidente ha expresado que él quiere una migración regulada, que las personas que vengan tengan un acuerdo laboral en origen y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cumplan con su obligación, y que haya transparencia y normalización en el proceso migratorio.
Ha indicado que hay que trabajar con mucho rigor y una enorme responsabilidad, teniendo siempre presente que hay que preservar la vida de una persona cuando hay riesgo para la misma, que es lo que hace la Junta en el ámbito de sus competencias.
Moreno ha criticado que el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, presidiera ayer en Málaga una reunión de coordinación en materia de inmigración en el Estrecho y Mar de Alborán y que "no se comunicara absolutamente nada a la Junta de Andalucía".
Para Moreno, la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por el "descontrol, la descoordinación y la "improvisación permanente", puesto que un día decidía abrir los puertos a barcos de refugiados y, al día siguiente, decidía cerrarlos. Para Moreno, el efecto "llamada" que ha generado el Ejecutivo socialista "lo estamos pagando todos los españoles".
ACUERDO PP-VOX
Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha recordado que en el acuerdo de investidura suscrito entre P-A y Vox hay dos puntos sobre política migratoria: cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando decisiones que puedan favorecer el efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas, y apoyar humana y materialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la vigilancia de las fronteras, para garantizar una migración legal y regulada.
Alejandro Hernández ha indicado que aunque el Gobierno autonómico no tenga competencias directas, Andalucía es receptora de un elevado número de inmigrantes que llegan a las costas por sus "medios o con ayuda oficial". Ha indicado que la atención de estas personas exige muchos recursos que sí son gestionados por la Junta, como los sanitarios.
Ha manifestado que su partido disponía de una información que apuntaba que la Junta tenía en su poder datos de más 52.000 personas que están en situación irregular en Andalucía. Ha apuntado que estos datos se encuentran en la Consejería de Sanidad, fundamentalmente, debido a la petición de esas personas para acceder a la tarjeta sanitaria. Esos datos, según ha denunciado, fueron "sistemáticamente negados" a la Policía y la Guardia Civil por parte del anterior Gobierno del PSOE-A.
Ha pedido a Moreno que se comprometa a que poner esos datos a disposición de la Guardia Civil y la Policía. Ha recordado las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, relativas a que "no es posible que haya papeles para todos, no es posible que España pueda absorber millones de africanos, o respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país. Defender las fronteras es también defender los derechos humanos", según ha reproducido ante el Pleno.
"Esto no lo ha dicho Santiago Abascal ni Vox, sino que son palabras de Pablo Casado", ha dicho Hernández, quien ha indicado que el PP muchas veces se apunta al discurso de Vox, pero luego está más preocupado por los editoriales o comentarios de los periodistas de medios progresistas.
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