La Policía Nacional en Almería ha detenido a diez personas --siete mujeres y tres hombres-- de diversas nacionalidades acusadas de formar parte de un grupo delictivo especializado en concertar parejas de hecho de conveniencia entre ciudadanos extranjeros y españoles o comunitarios con la intención de regularizar su situación administrativa en España de los primeros, de manera que cobraban hasta 8.000 euros a los interesados en arreglar su documentación en el país.
Según ha indicado la Comisaría en una nota, la operación 'Leja', en la que han participado agentes de la Ucrif de la Comisaría de Almería en colaboración con la Delegación de Igualdad de la Junta de Andalucía, se empezó a fraguar en los primeros días del mes de enero de este año.
Los investigadores descubrieron la existencia de una organización que intermediaba entre inmigrantes en situación irregular y ciudadanos españoles o comunitarios, los cuales a cambio de elevadas sumas de dinero se ofrecían a inscribirse en el registro de parejas de hecho.
Así, los involucrados simulaban una relación afectiva inexistente para beneficiar a los ciudadanos extranjeros de una tarjeta de residencia y con ello la libre circulación y residencia por la Unión Europea, así como el derecho a ejercer cualquier actividad por cuenta ajena o propia en igualdad condición que los españoles.
Las pesquisas llevaron a la identificación de siete mujeres y tres hombres de origen español, rumano, marroquí y dominicano, que, además de simular una relación afectiva, habrían falsificado diversos documentos oficiales para dar validez a los enlaces y los cuáles eran requeridos por la administración para unir al expediente matrimonial o de pareja de hecho.
Los integrantes de estas parejas concertadas no se conocían con anterioridad, incurriendo en contradicciones y errores severos durante la entrevistas previas a la inscripción como pareja en el registro de parejas de hecho, llegando incluso a acordarse previamente que una vez transcurrido un plazo de tiempo razonable y que rondaría el año de duración, solicitarían la baja en el registro de parejas de hecho, o el divorcio en caso del matrimonio.
La cantidad estipulada que percibían los dirigentes de este entramado delictivo rondaba los 8.000 euros por unión celebrada, entregándose entre 3.000 y 4.000 euros a la persona española o comunitaria interesada en contraer matrimonio o constituirse en pareja de hecho, repartiéndose el resto entre los intermediarios que ponen en contacto a las parejas y los propietarios de viviendas que autorizan los empadronamientos fraudulentos en sus viviendas a las fingidas parejas.
Los investigadores han remitido los correspondientes informes a la Oficina de Extranjería de Almería para que a los ciudadanos extranjeros que hasta ahora han obtenido la tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea, se proceda a extinguirles la citada autorización de residencia. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones durante los próximos días.
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